Inseguridad es la desaparición forzada de un adolescente

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Nota de opinión de Horacio Verbitsky (*):  La desaparición de Luciano Arruga es el final trágico de una historia de violencias cotidianas que sufren los jóvenes pobres en la provincia de Buenos Aires y del encubrimiento policial, judicial y político. Tenía 16 años cuando desapareció en Lomas del Mirador, después de sufrir en forma sostenida el hostigamiento y las torturas de policías bonaerenses. Cuatro años después, la Justicia provincial no pudo dar ninguna respuesta más que el maltrato a la familia.

En estos casos, la desaparición es una forma extrema de encubrimiento corporativo tras una escalada de prácticas violentas y relaciones abusivas de las policías con los jóvenes. Se inicia con el hostigamiento, el intento de reclutamiento o la extorsión, y desemboca en formas de violencia que a veces terminan en el secuestro y posterior asesinato o desaparición, a fin de obstaculizar investigaciones posteriores.

Durante estos años, las respuestas del gobernador Daniel Scioli y del ministro Ricardo Casal fueron también negacionistas y encubridoras. Fueron cuatro años de esfuerzos por hacer aparecer el nombre de Luciano en la política provincial.

Ahora, luego de que la cuestión logró visibilizarse, dicen confiar en que las agencias estatales trabajarán con el mayor rigor y harán cumplir la ley.

El problema es que, para que eso suceda, los mensajes políticos y las decisiones institucionales deben estar dirigidos a romper las lógicas cómplices de las policías corruptas y violentas.

El reclutamiento policial de jóvenes para tareas delictivas constituye una práctica presente desde hace mucho tiempo. La degradación de la función policial, que quedó a la vista cuando se enfocó en el funcionamiento de las comisarías implicadas, no habla sólo de esos policías sino de una política que no se propone intervenir sobre esas redes ilegales insertas hasta lo más profundo de la Policía Bonaerense.

Los libros de las comisarías sospechadas estaban adulterados en todas sus partes; los móviles policiales no cumplieron en esos días las órdenes de patrullaje; quedaron parados en un descampado por más de dos horas en la madrugada sin justificación alguna; uno no tenía el GPS reglamentario; no dejaron registrados sus movimientos.

Luego de que se conociera la desaparición, interfirieron en lo que pudieron, lavaron las pruebas, introdujeron versiones falsas. Las irregularidades están en todas y cada una de sus acciones.

¿De qué modo esta policía podría cumplir correctamente con sus funciones de seguridad? Todos siguen en funciones porque a las autoridades no les pareció que hubiera nada que reprocharles.

Hace poco tiempo se impulsó y sancionó una ley para ampliar las atribuciones policiales y otorgarles la última palabra para decidir quiénes quedan detenidos luego de un operativo en el que se encuentren armas.
En la construcción de estas matrices de impunidad, la Justicia provincial, por connivencia, inercia o indiferencia, ha sido incapaz de romper estas tramas de encubrimiento.

La primera fiscal del caso, Roxana Castelli, no cumplió con recaudos mínimos como apartar de la investigación a la propia policía sospechada. Esto habilitó la construcción de la versión policial, que fue retomada y sostenida por la Justicia, como es usual, lo que reforzó la discriminación y el encubrimiento.

Esta historia habla también de la indiferencia social hacia algunas víctimas.

Como en la historia argentina más reciente, fue la lucha de los familiares, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos la que logró visibilizar la desaparición de un pibe que cumple con el estereotipo de los jóvenes a los que se señala como peligrosos y sobre los que caen las redes del sistema punitivo.

La federalización del caso y el juicio político a la primera fiscal abren un nuevo capítulo que dejará ver quiénes se comprometen en hacer que el Estado dé una respuesta que garantice justicia para la familia.

Los hechos de desaparición, si bien extraordinarios, no pueden ser considerados anómalos: son el resultado de prácticas de violencia que habitualmente no tienen consecuencias negativas para las carreras de quienes las despliegan ni para los que no las investigan o los sostienen políticamente.

En la medida en que los casos no son esclarecidos, la desaparición se consolida como una forma efectiva de impunidad. Con ello se pone en juego la propia idea de seguridad y justicia igualitaria.

(*) Horacio Verbitsky es Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

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