Por ley ATE se suma al Consejo de la Función Pública

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La Legislatura trató y sancionó hoy unánimemente la ley que permite modificar normas en vigencia para incorporar a ATE como un nuevo vocal gremial al Consejo Provincial de la Función Pública y Reconversión del Estado. La iniciativa oficial fue elevada al Parlamento con acuerdo de ministros, por lo que no requerirá tratamiento en segunda vuelta para su aprobación.-

 

El debate se desarrolló con la presencia en el recinto del secretario de Estado de Trabajo, Lucas Pica, el secretario general de esa agrupación gremial Rodolfo Aguiar y un nutrido grupo de afiliados que participaron con cánticos y pancartas desde las bandejas del público, como así también en el exterior de la sede parlamentaria donde acamparon desde las primeras horas de la mañana.

Al modificar la composición del Consejo Provincial de la Función Pública y Reconversión del Estado, se suma un nuevo vocal gremial al cuerpo que preside el titular del Poder Ejecutivo y que está conformado, además, por tres vocales de ese poder y otros dos en representación de cada una de las asociaciones gremiales mayoritarias legalmente reconocidas.

La misma medida se aplicará en las composiciones especiales del Consejo Provincial y de la Comisión General Técnica Ejecutiva, el Comité Institucional de Organización y Recursos Humanos, la Junta de Reclamos, la Junta de Disciplina y la Junta Evaluadora Central.

La norma aprobada dispone la nueva conformación de la Junta de Disciplina a la que agrega un nuevo vocal gremial, establece la división en partes iguales entre ambas organizaciones gremiales del aporte que el Poder Ejecutivo y los entes autárquicos o descentralizados realizan sobre la totalidad de los sueldos del personal amparado por el Estatuto, con destino a la obra social sindical, prestaciones mutuales, beneficios sociales, viviendas sociales, formación y capacitación, y la promoción educativa y cultural, entre otros propósitos.

Del mismo modo, se suma un nuevo representante sindical a la Comisión de Carrera dentro del Consejo Provincial de la Función Pública y Reconversión del Estado y al Directorio del Instituto Provincial de la Administración Pública -IPAP.

Se modifican además el Estatuto del Empleado Público y se amplía la representación sindical en la Junta de Disciplina y en el Directorio del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS).

El Poder Ejecutivo, al argumentar esta iniciativa, recordó que “la Constitución Nacional reconoce el derecho de los trabajadores a formar parte de organizaciones sindicales libres y democráticas, reconocidas por la inscripción en registros a tales efectos habilitados”.

Fundamentó también que “la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce también el derecho de trabajadores como también empleadores, de conformar las asociaciones que estimen convenientes, debiendo los Estados abstenerse de limitar este derecho y de interferir en sus actividades.”

Alegó por otra parte que “en el sector público se configura un sistema de coexistencia o pluralidad de personerías gremiales que reconocen su existencia y a través de ellas a los trabajadores, sus derechos y reclamos, en pos de mayores logros laborales”.

Como argumento histórico agregó que “las primeras organizaciones de trabajadores se crearon casi un siglo antes de que se dicte la primera norma que intentó regularlas (1943) y que se imponga el régimen de personerías gremiales (1946). En el caso del sector público, el primer sindicato fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fundado en 1925 y con personería gremial Nº 2 otorgada en 1946. En 1948 se funda la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), otorgándosele personería gremial Nº 95”.

De lo expuesto, continuó el P.E., “cabe colegir que los principios de coexistencia y pluralidad en materia gremial hacen a la realidad y actualidad laboral, particularmente en el sector público de cualquiera de las jurisdicciones de nuestro país, en base a lo dispuesto en nuestra Constitución y tratados internacionales a los que adhirió la Argentina, plasmado en el reconocimiento de derecho a una organización sindical libre y democrática”.

Y concluyó: “En nuestra provincia, la Asociación de Trabajadores del Estado, A.T.E., nuclea a una cantidad considerable de agentes, siendo entonces relevante y necesaria su participación oficial en las cuestiones inherentes al personal, tales como discusiones salariales o de convenios colectivos de trabajo y temas disciplinarios”, entre otros.

El debate en Cámara

El vocero de la iniciativa presentada por el Ejecutivo fue el legislador (JSRN) Adrián Casadei quien inició su discurso resaltando “que nunca es tarde para reconocer derechos de los trabajadores… nunca es tarde para que la democracia sea más democrática, para que haya más participación, para que todos los trabajadores se sientan partícipes y representados” y luego se refirió a las razones constitucionales que amparan sus derechos y garantías laborales.

Agregó que “este proyecto de ley no tiene nombre propio, no es para unos ni para otros, aunque seguramente algunos habrán luchado más que otros para lograrlo, algunos se habrán sacrificado más que otros para que hoy estemos acá debatiendo este proyecto. Pero la democracia tiene sus tiempos, lo que me trae al recuerdo que en este país estuvimos muchos años sin Parlamento, cuando no existía la representación popular y muchos de estos temas quedaron postergados”.

“Lo que está reconociendo el Gobierno con este proyecto no es a un gremio, sino a los trabajadores representados por este gremio”, concluyó Casadei, entre los aplausos de los afiliados de la agrupación sindical.

Continuó la serie de discursos el legislador (FPV) Jorge Vallaza quien anticipó su apoyo al proyecto y coincidiendo en varios de los argumentos expresados por quien le precediera en la palabra, pero realizando severas críticas al gobierno nacional que ha decidido “salir nuevamente a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional”.

Le siguió la legisladora radical Soraya Yahuar quien brindó su visión sobre la iniciativa, no sin antes aclarar que “no voy a hablar del contexto nacional porque acá parece que estuvieran todos como Drácula esperando el momento para caerle sobre el cuello” al gobierno de Mauricio Macri. Y agregó que “estamos sumando voces a la pluralidad” y se unió “a la tarea de la construcción del nuevo escenario gremial y de la dignidad de los agentes públicos”, que promueve esta norma.

El legislador Ricardo Arroyo (JSRN) adhirió a las palabras de Casadei y felicitó al gremio ATE y a su secretario general “porque éste es el resultado de mucho años de lucha” y al comportamiento de los trabajadores en las bandejas del recinto durante el tratamiento del tema.

El legislador (FpV) Raúl Martínez criticó la demora de la Legislatura en el tratamiento de esta ley luego de treinta y cinco años del retorno de la democracia en la Argentina. “Sé que la dirigencia y los afiliados de ATE se ganaron este momento tras muchos años de lucha en la calle”, y que “aún hay muchos reconocimientos pendientes”. “No necesitamos ni más patrulleros ni más cárceles, necesitamos más trabajo en este país”, dijo al pronunciar sus últimos conceptos.

El legislador Mario Sabbatella (Fuerza Nacional y Popular), se sumó a la voluntad anticipada del resto de los legisladores y recordó a su “ex compañero de trabajo y quien fuera uno de los secretarios generales de ATE en los años 80 cuando el gremio era muy pequeño, y me refiero a Roberto Beliú”, indicó.

Las autoras de esta presentación conjunta expresaron que “ha sido un largo camino recorrido con la gente de las escuela ESFA -donde ambas ejercen- en donde nace este proyecto que nos llevó a realizar investigaciones en San Javier, Zanjón de Oyuela y Mata Negra. Las fotos y el libro son el producto final de este

Las autoras de esta presentación conjunta expresaron que “ha sido un largo camino recorrido con la gente de las escuela ESFA -donde ambas ejercen- en donde nace este proyecto que nos llevó a realizar investigaciones en San Javier, Zanjón de Oyuela y Mata Negra. Las fotos y el libro son el producto final de ese trabajo”.trabajo”.

Cerró el debate el legislador (JSRN) Alejandro Palmieri quien dijo que “Ésta no es una ley más la que estamos aprobando hoy y que viene a poner sobre un papel lo que ya ocurría en la realidad desde hace un tiempo. Era imposible negar el ámbito de discusión a una fuerza sindical con varios miles de trabajadores afiliados en la provincia de Río Negro, con o sin representación en la mesa de la Función Pública”.

“Una provincia que tiene no sólo paz social, a los maestros en las escuelas y a los organismos públicos abiertos, es el fruto del diálogo, del esfuerzo y de muchísimas reuniones con el gremio que ocupaba con exclusividad la mesa de la Función Pública, pero también con las discusiones con ATE y con SITRAJUR en sus respectivos ámbitos”.

Palmieri enumeró seguidamente la serie de leyes que la actual gestión legislativa y del ejecutivo rionegrinos que han sido aprobadas en materia de ”restitución de reconocimientos laborales en la historia de esta Provincia”. Asi se refirió a “la devolución del 40% de la zona desfavorable, la devolución de la antigüedad, la recategorización, el pase a planta permenente, las becas que se transformaron en contratos, la restitución de la antigüedad a las enfermeras a través de un nuevo régimen”.

Y continuó: “Cumplimos con la herencia del pago del Decreto 7, y reconocimos los alquileres diferenciales a la Policía, creamos el Escalafón de los Agentes Penitenciarios, y el Escalafón del SPLIF, y el de los Choferes y del Personal de Informática. Esta Provincia tiene más mojones en derechos laborales que la Ruta 40”.

Y concluyó, trás manifestar su “enorme orgullo” por estos logros, que “pudimos hacerlo con un enorme esfuerzo presupuestario y financiero que cumplimos sin pedirle un peso a nadie”.

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