Con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que sea el Juzgado Federal de Bariloche el encargado de investigar la toma del predio del INTA en Loma del Medio, en El Bolsón.

El máximo tribunal de la Nación destrabó así el conflicto negativo de competencia que se suscitó entre el Juzgado Federal de Primera Instancia de Bariloche y el Foro de Jueces de la Tercera Circunscripción Judicial de Río Negro.

El expediente se inició a partir de la denuncia realizada el 14 de junio de 2020. Una decena de personas armadas se presentó en el lote n° 24 del barrio Los Ñires de Loma del Medio y, así, invadieron el lugar que había sido convertido en una plazoleta por el trabajo de los propios vecinos del lugar.

Según la presentación inicial, las personas invadieron el lugar con actos intimidatorios, destrozaron la plaza, permanecieron en el lugar para proceder a subdividirlo y comenzaron a instalar precarias construcciones.

Según las constancias del expediente, la Dirección de Catastro del municipio de El Bolsón informó que el lote era propiedad del Estado Nacional Argentino y, por ello, el Foro de Jueces de la Justicia rionegrina se declaró incompetente y remitió el expediente al fuero Federal. No obstante, el Juzgado Federal barilochense rechazó la competencia, al tener conocimiento de que el predio se hallaba en trámite de traspaso a favor de la municipalidad de El Bolsón.

Así se trabó el conflicto de competencia negativa entre la justicia federal y la rionegrina, elevándose el expediente a la Corte para que dirima la cuestión. FInalmente, siguiendo el dictamen de la Procuración General, la Corte remitió el expediente al fuero Federal.

En tal sentido, se apuntó: «El objeto de esta contienda se encuentra constituido por una presunta ocupación irregular de tierras nacionales afectadas a un proceso de eventual traspaso al ámbito local; y el que a la fecha del informe emitido mediante correo electrónico por la nombrada funcionaria del INTA el 3 de agosto de 2020, es decir, casi dos meses después de ocurridos los hechos denunciados, todavía se hallaba en estado de trámite».

En definitiva, a partir de la información reunida en el incidente de competencia, la Procuración señaló: «No es posible descartar aún que no se haya afectado el patrimonio nacional», por lo que opinó: «Corresponde que el fuero de excepción continúe con la investigación de los episodios que motivaron la pesquisa e, incluso, en orden a establecer las circunstancias relativas a la supuesta existencia de un documento vinculado al inmueble usurpado, presuntamente emitido por un organismo de la Nación y cuyo contenido también se cuestionó en la denuncia».