Un total de 19.659 expedientes ingresaron al fuero de Familia del Poder Judicial de Río Negro el año pasado. El 59 por ciento del total de ingresos, es decir, 11.663 legajos, corresponden a casos de violencia familiar y de género. A ese número se le suman las 8.407 denuncias radicadas en los juzgados de Paz, lo que representa un total de 20.070 casos.

El aumento en las causas por violencia familiar y de género mantiene una curva en ascenso en los juzgados de Familia en los últimos cinco años: 7.528 en 2019; 6.607 en 2020; 9.551 en 2021; 10.348 en 2022 y 11.663 en 2023, sin contar las denuncias ante los juzgados de Paz.

El Superior Tribunal de Justicia, en función de los datos objetivos, aprobó una serie de políticas públicas para abordar el flagelo. No solo reforzó el fuero de Familia con la creación de nuevos juzgados y secretarías, sino que implementó un cambio de modelo en la gestión. Con la incorporación de las Oficinas de Tramitación Integral, las juezas y el juez de Familia de Río Negro ya no tienen trámites administrativos a su cargo y pueden disponer de mayor tiempo para realizar audiencias y resolver.

El Poder Judicial también promovió la sanción de un Código Procesal del fuero de Familia propio, en sintonía con los cambios de paradigmas y la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación desde 2015. La normativa otorga mayores herramientas a los jueces y juezas de Familia.

En 2022, el STJ y la Procuración precisaron roles de jueces de Familia, jueces de Paz, fiscales, defensores y Policía. Lo hicieron mediante una acordada que contiene las principales pautas para abordar la violencia familiar y de género.

Además, se dictan capacitaciones permanentes en la materia para todo el fuero de Familia y los Juzgados de Paz.

El fuero de Familia en el Poder Judicial de Río Negro se compone con 16 organismos entre juzgados de Familia, juzgados Multifueros y Unidades Procesales. Los juzgados de Paz también tienen competencia en la materia, especialmente para el dictado de medidas urgentes.

La información surge del Informe Estadístico Anual que elabora el Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial.