Apartir del 6 de junio y por espacio de varias semanas, un tribunal juzgará la conducta de Angélica Paine, a quien la fiscal Betiana Cendón atribuyó el crimen de Micaela Bravo, ocurrido entre el 23 de marzo de 2016 y las horas que siguieron. El Cordillerano recordó que el caso está encuadrado como homicidio simple, aunque la investigación fue lo suficientemente compleja para que transcurran casi seis años del hecho.

Prueba de ello es también la cantidad de audiencias que se programaron: está previsto que el juicio se extienda entre el 6 de junio y el 8 de julio. La imputada, se expone a una pena de entre ocho y veinticinco años de prisión.

Si el caso se resuelve con una condena, probablemente será una de las estrellas más relucientes que la fiscal Betiana Cendón podrá colgarse en el pecho. Aunque logró resolver otros casos resonantes, el de Micaela Bravo, por su complejidad, quizás pueda ser el más significativo. Es que en la investigación intervinieron varios otros fiscales, que chapotearon entre hipótesis y líneas de investigación que no condujeron a nada y fue Cendón la que reencausó la investigación y a partir de desarrollar una serie de pericias poco comunes, logró dar un giro que hasta ahora parece certero.

Y es a partir de su trabajo junto al fiscal Marcos Sosa Lukman, produjeron un cúmulo de pruebas que por un lado sirvió para acorralar a Paine y por el otro lado motivará un desarrollo de juicio ciertamente extraordinario, con audiencias programadas entre el 6 de junio y el 8 de julio, en jornadas que se extenderán entre las 9 y las 17 horas, algo realmente inusual.

Para la fiscalía y la parte querellante representada por el abogado Luis Terán Frías, numerosas declaraciones testimoniales y diversas pericias demostrarán la responsabilidad de la mujer, tal como lo habían indicado en la audiencia de control de acusación que se desplegó el año pasado. Para la defensa, el caso giró en círculos y no logró demostrar diversos aspectos de lo ocurrido.

El juicio se desarrollará con un jurado técnico, debido a que cuando comenzó a desplegarse la investigación aún no estaba en vigencia el nuevo Código Procesal Penal que instaló la posibilidad de desarrollar juicios por jurados en los casos con expectativas de pena mayor a los doce años de prisión.

Micaela Bravo fue vista por última vez el 23 de marzo de 2016, cuando dejó a una sobrina en el jardín. Su cadáver fue hallado el 6 de abril de aquel año. Por el paso del tiempo y la intervención de animales, el estado del cuerpo era lamentable, en avanzado estado de descomposición, pero, además, había sido desmembrado. Para la fiscalía, los aportes de cámaras de seguridad demostrarán la presencia constante y sistemática de una jauría de perros que se dirigía exactamente al lugar en el que luego se halló el cuerpo y literalmente se comieron la mitad del cadáver. Las pericias determinaron que la joven falleció en el lugar del hallazgo el mismo día de su desaparición. Tenía un corte de arma blanca en la zona pulmonar que fue lo que le ocasionó la muerte.

Pero la defensa se aferrará a diversos informes que indican que la joven pudo haber sido torturada e inclusive ultimada en otro lugar, siendo luego su cuerpo descartado. Más aún, la defensa buscará establecer que se trató de un femicidio y ello aleja a Paine de la responsabilidad.

Lo concreto y real es que Micaela Bravo había transitado una vida dura y plagada de dificultades y que dio un giro rotundo al distanciarse de su esposo, Patricio Vargas, y comenzar una relación con Juan Carlos Colipi. Decidida a vivir, enfrentó las consecuencias de su decisión y emprendió una nueva aventura, distinta, pero con cierto grado de clandestinidad, según la teoría del caso que manifestó la fiscal Cendón en la audiencia de control de acusación.

Su decisión había generado un alto revuelo en la comunidad religiosa de la que todos los involucrados tomaban parte. Paine -la madre de Colipi- estaba furiosa e incluso en las horas previas había arremetido a golpes contra su propio hijo. Insatisfecha e incapaz de poner fin a la relación sentimental que había iniciado su hijo con Micaela Bravo, decidió ultimar a la mujer. Siempre siguiendo el planteo acusatorio.

La fiscal sostuvo la imputación con decenas de declaraciones de testigos que aportaron detalles de la última vez que Micaela fue vista con vida: el 23 de marzo de 2016, Paine obligó a Micaela a retirarse del Jardín Mundo Nuevo ese mediodía en el barrio 2 de Abril. Según la acusación, ese mismo día la ultimó en un descampado cercano al supermercado mayorista Diarco, en un predio ubicado entre la ruta de Circunvalación y la Ruta 40 Sur.

Lo que siguió fue una intensa búsqueda que acabó recién el 6 de abril y a partir de entonces una investigación que deambuló sin avances durante largo tiempo y que analizó con profundidad al menos, unas diez hipótesis criminales hasta que la fiscal Cendón logró encaminar el proceso. Inclusive se vinculó el caso con la desaparición contemporánea del cabo Lucas Muñoz y otros casos delictivos.

Se analizaron más de ochenta declaraciones testimoniales, actas de diversos procedimientos policiales y pericias científicas que aportan varios elementos de relieve. Por ejemplo, la existencia de nueve pelos en las manos de Micaela, lo que reveló una maniobra defensiva.

Además, hubo coincidencias entre unos restos plásticos y pelos de conejo hallados en el pantalón de la víctima y junto al cadáver, con otros recolectados de un carro que se le secuestró a la acusada, un cuchillo y plásticos que rodeaban la huerta en el domicilio de la acusada. Para ello fue determinante una pericia realizada por Rodolfo Guillermo Pregliasco que estableció una coincidencia exacta con la crianza de esos animales que desarrollaba Paine, el alimento que les ofrecía y los recipientes en los que guardaba el alimento. (El Cordillerano)