Nota de opinión de Silvina García Larraburu (*): La temporada de verano 2025 prevé una baja ocupación en las principales ciudades turísticas del país, correlato de la crisis económica, como así también del aumento de los viajes al exterior y la caída del ingreso de turismo extranjero, como consecuencia de la desventaja de precios relativos en el sector.

Esta situación agrava las medidas ya impuestas desde la administración central desde diciembre de 2023. La degradación del Ministerio; la derogación de las leyes 18.829, que regulaba las agencias de viajes, y la 18.828, vinculada a la hotelería, eliminó requisitos tradicionales para operar en el sector, afectando la protección de los consumidores, ante la pérdida de regulaciones y garantías. En esta línea el DNU 70/23 también atenta contra la profesionalización de la actividad, cuando en realidad lo que necesitamos es revalorizar su labor.

Esto preocupa especialmente en la provincia de Río Negro. Durante la temporada invernal de 2024 en Bariloche, se reportaron diversos incidentes y accidentes fatales en contextos turísticos, algunos de ellos relacionados con la falta de regulación adecuada en la contratación de guías habilitados y servicios turísticos registrados.

También resulta alarmante la desregulación de la actividad relacionada con el turismo estudiantil, en tanto deja en una situación de vulnerabilidad y exposición a los jóvenes y sus familias. Esta situación repercute especialmente en la ciudad de Bariloche. Todo esto se suma a una pobre promoción internacional, el freno de obras de infraestructura turística, y el desguace del sistema de transporte (aéreo y terrestre).

El ajuste también recayó en la cartera con más de 50 despidos directos. En el caso de Parques Nacionales la cifra asciende a 200 personas, con lo cual se deja en una situación de desprotección a los visitantes de los Parques, como así también se vulnera la preservación ambiental en los mismos.

En relación a la desregulación del transporte terrestre, el decreto 883/2024 otorga a las empresas libertad para establecer rutas, horarios, tarifas y tipos de vehículos sin necesidad de autorizaciones previas. Sin tener en consideración la pérdida de servicios en rutas no rentables, la necesidad de mantener estándares de calidad y seguridad en el servicio.

En cuanto a la política aerocomercial, se está coqueteando con la idea de privatizar Aerolíneas Argentinas, lo cual redundará en la pérdida de soberanía nacional y el recorte de rutas internas nacionales. En este tiempo, Aerolíneas sufrió recortes en su estructura y costos operativos. Además, la apertura del mercado de cabotaje a aerolíneas extranjeras (llamada cielos abiertos) busca fomentar la competencia en desmedro de los prestadores de la industria local.

Y lo paradójico es que toda esta situación se desarrolla mientras el Presidente gasta millones de dólares viajando por el mundo, y gran parte de estos viajes no son misiones oficiales.

Frente a este escenario necesitamos volver a ponderar la importancia estratégica de una industria sin chimeneas, que motoriza las economías regionales y genera puestos de trabajo genuinos y de calidad.

(*) Silvina García Larraburu es Senadora Nacional por Rio Negro
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