Se trata de la Causa Techo Digno que se tramita en la justicia como «defraudación a la administración pública». Junto a ella será juzgado el ex funcionario Municipal Alfredo Milano como partícipe necesario. Así quedo resuelto al finalizar el Control de Acusación que investiga la defraudación al estado.-

A Martini (foto) se la acusa de la autoría de defraudación a la administración pública y peculado, mientras que a Alfredo Milano (funcionario municipal también durante la gestión de Gennuso) se le atribuye el delito de defraudación, en calidad de partícipe necesario.

Los empresarios emitieron certificaciones con diferencias entre el avance real y el declarado de dichas obras licitadas. Una vez realizadas auditorías se constataron tales diferencias, algunas obras incluso no habían iniciado. Aún así se efectivizaron trámites administrativos tendientes a lograr el pago por parte de la Municipalidad. Todo ello con el conocimiento y consentimiento de la intendenta municipal.

En su caso – destacó la Fiscalía- “aún sabiendo que el estado certificado de las viviendas no era aquel que en realidad detentaban, y a fin de generar una ventaja patrimonial a las empresas” pagó porcentajes excedidos a los que estaban mencionados en la licitación.

Ello, asumiendo que tenía conocimiento no sólo “del acuerdo que ella misma había suscripto con Nación y de todas las obligaciones que éste ponía a su cargo” sino además de “los contratos celebrados con las empresas, también firmados por ella”. Por último dispuso dinero que estaba destinado a obras que resultaban de importancia social y económica por las expectativas que generaba su desarrollo en la comunidad.

En este caso particular, la acusación agregó que, “por su experiencia como funcionaria pública y su aptitud profesional, no podía desconocer cuál era el estado real de las viviendas. Generó de este modo un perjuicio patrimonial al erario público municipal y a los intereses que le fueran confiados”.

En lo atinente a los delitos de peculado que se le atribuye, se detalló el monto que se retiró por fuera de la esfera de custodia de la autoridad municipal. Fondos que no fueron destinados a su fin específico ni restituídos al Estado nacional, mediante las maniobras mencionadas. Esas sustracciones quedaron consumadas al momento en que autorizó las transferencias individualizadas en dichas operaciones.

De ese modo, quebrantó la esfera de administración y custodia sobre esos caudales, la cual le había sido confiada en razón de su cargo y mediante lo establecido en los convenios celebrados con el Estado nacional.

En el inicio de la audiencia se dió lectura al trabajo conjunto entre las partes de las convenciones probatorias, acordando en un total de 22. La Fiscalía detalló qué testigos serán convocados nombrando entre ellos a funcionarios municipales, provinciales, nacionales, peritos de la Cuerpo Especial de Investigación de la Procuración General y abogados/as del foro local, entre otros. A través de ellos se sumará una importante cantidad de material documental contable, bancario y caligráfico. En total serán alrededor de 45 testigos propuestos por la fiscalía.