Un hombre solicitó reducir la cuota alimentaria de uno de sus hijos. Argumentó que su actual situación económica no le permitía mantener el 20 por ciento fijado, entre otras cosas, porque tiene dos hijos más que reciben un porcentaje de su salario. También detalló que no cuenta con vivienda propia y que tiene a su cuidado, con su actual pareja, un cuarto niño. En la demanda explicó que más del 60 por ciento de sus haberes está destinado a las obligaciones alimentarias que tiene con sus descendientes.

La jueza de El Bolsón que intervino en el proceso rechazó el pedido. Fundamentó su decisión en la falta de pruebas sobre un esfuerzo real del progenitor por incrementar sus recursos económicos y en el hecho de que no asume responsabilidades de cuidado ni otras cargas parentales directas sobre el niño.

El hombre, empleado de la Policía de Río Negro, planteó que sus ingresos se encuentran afectados por otras tres obligaciones alimentarias vigentes y que convive con otro hijo menor de edad a quien cuida junto a su actual pareja.

Según afirmó en su presentación, no cuenta con vivienda propia, vive en casa de sus suegros y su situación económica se encuentra comprometida. Añadió que su pareja no trabaja, que el vehículo que utiliza es prestado y que no puede realizar trabajos adicionales por incompatibilidad con sus horarios laborales y por el tiempo que dedica al cuidado de su hijo más pequeño.

A pesar de esos argumentos, la jueza señaló que el pedido no estaba acompañado por elementos que acreditaran fehacientemente una imposibilidad material de aumentar su caudal de ingresos. “No se ha demostrado razón física o psicológica que le impida aumentar sus ingresos para poder asegurar el bienestar de todos sus hijos sin detrimento para ninguno de ellos”, expresó en el fallo.

La resolución judicial también señaló que el progenitor no presentó documentación que permitiera verificar con claridad su jornada laboral o eventuales esfuerzos extra para incrementar sus ingresos. “No se acredita ni las horas que dedica a su trabajo, si hace o no horas extras, o si tiene algún otro ingreso que permita convencerme de que está realizando su máximo esfuerzo para sostener a los hijos que tiene”, sostuvo la jueza.

El planteo se centró en modificar la cuota fijada por convenio homologado cuando el niño tenía seis años. Actualmente, cursa el primer año de la escuela secundaria, practica fútbol y participa en otras actividades extracurriculares. La madre explicó que el gasto mensual estimado supera los 450 mil pesos y que el niño cuenta con obra social, pero no siempre pueden acceder a los servicios debido a la negativa del padre de compartir las claves necesarias para realizar gestiones administrativas.

La jueza valoró los informes de peritos oficiales y del Cuerpo de Investigación Forense. En el caso del padre, se indicó que conformó una nueva familia con su pareja, que el hogar dispone de lo necesario para cubrir necesidades básicas, aunque sin capacidad de ahorro.

El peritaje destacó que el 55 por ciento de su salario se encuentra comprometido por obligaciones alimentarias, pero también remarcó que el cuidado de los hijos anteriores quedó a cargo exclusivo de sus respectivas madres. “Su colaboración con las crianzas se circunscribe casi exclusivamente a su aporte económico”, consignó el informe.

La jueza descartó además que la conformación de una nueva familia habilite una redistribución a la baja de las responsabilidades económicas. “Esa decisión personal y libre de formar un nuevo grupo familiar y la existencia de un nuevo hijo lo obliga a realizar mayores esfuerzos para generar más recursos”, indicó. Y agregó que el progenitor “debe redoblar los esfuerzos para cubrir la asistencia, alimentación y educación” del hijo con quien no convive.

La sentencia no dio lugar al pedido de modificación, tras concluir que las condiciones que motivaron la cuota original no solo se mantienen sino que se agravaron con el crecimiento del niño.