Distintos incumplimientos laborales por parte de empleados públicos rionegrinos derivaron en 428 sanciones desde inicios del 2024. Se trata de 74 cesantías, 4 exoneraciones y 350 suspensiones de entre 1 y 30 días, todas enmarcadas en lo que establece la Ley Nº 3487, que regula el Estatuto General y Básico del Personal de la Administración Pública. Las sanciones fueron aplicadas a través de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de Río Negro.-

Las medidas forman parte de una política activa que busca ordenar la administración pública, cuidar los recursos del Estado y respaldar a quienes trabajan con compromiso todos los días.

“Las sanciones son necesarias para ordenar la gestión, cuidar los recursos públicos y respaldar a los miles de trabajadores y trabajadoras que cumplen con responsabilidad su tarea cada día. Un Estado eficiente también se construye reconociendo a quienes sostienen el funcionamiento de los servicios y actuando con firmeza ante quienes incumplen”, expresó la Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

En el mismo período, se iniciaron 144 sumarios administrativos y se dictaron 71 suspensiones preventivas, una medida provisoria que se aplica cuando la permanencia del agente podría interferir en la investigación. Desde el inicio de la gestión, también se emitieron 21 apercibimientos y se cerraron 37 sumarios con el sobreseimiento de los agentes involucrados.

Las irregularidades más frecuentes están relacionadas con inasistencias, llegadas tarde reiteradas y conflictos entre compañeros de trabajo. En los casos más graves, que derivan en sanciones como cesantías o exoneraciones, se registran situaciones de abandono de servicio y condenas en causas penales.

Las sanciones impuestas son el resultado de un proceso interno riguroso. Cuando se detecta una posible falta, se inicia un sumario administrativo a cargo de instructores especializados, quienes investigan los hechos, reúnen pruebas y elaboran un informe que presenta el caso ante la Junta de Disciplina.

Este organismo, integrado por un presidente, dos vocales en representación del Poder Ejecutivo y dos vocales gremiales, uno por ATE y otro por UPCN, es el encargado de resolver en función de la gravedad de los hechos, los antecedentes del agente y los perjuicios ocasionados al Estado. “La Junta Disciplinaria actúa con criterios claros, garantizando procesos justos y decisiones fundadas”, aseguró Lastra.

La ley establece distintos tipos de sanciones. El apercibimiento es una advertencia formal, que se aplica generalmente ante faltas leves como inasistencias injustificadas o incumplimiento de horarios. Las suspensiones pueden alcanzar hasta 30 días sin goce de haberes, y se aplican en casos de negligencia, inasistencias, inconducta o faltas reiteradas.

La cesantía implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso tras cinco años, y se aplica cuando hay acumulación de sanciones, abandono de servicios o hechos de mayor gravedad. Finalmente, la exoneración es la sanción más grave: supone la desvinculación definitiva de la administración pública y se aplica ante delitos dolosos con pena de prisión efectiva o contra la administración nacional, provincial o municipal.

El fortalecimiento institucional, la prevención de irregularidades y la mejora constante en la calidad del servicio público son pilares de la Función Pública. “Corregir lo que está mal también es rendir cuentas a cada rionegrino y rionegrina que, con esfuerzo, paga sus impuestos para que el Estado pueda pagar los sueldos en tiempo y forma. Y ese salario tiene que ser el resultado de un trabajo real, de una tarea bien hecha.

Al mismo tiempo, es una forma de valorar el esfuerzo de los agentes que sí cumplen con su tarea», concluyó la Secretaria de la Función Pública.