El fiscal federal, Guillermo Marijuán, investiga un entramado de poder y defraudaciones en la obra social de los peones rurales (Osprera) que por varias puntas lo está encaminando hacia Martín y Lule Menem.

Todo comenzó a fines de febrero de este año, cuando Marijuan recibió una denuncia que describía algo más que una interna sindical. José Voytenco, titular de la Uatre, acusó al diputado Pablo Ansaloni de haber impulsado un «plan criminal» para intervenir el gremio y quedarse con el control de su obra social, Osprera.

En ese mismo escrito se señalaba al operador Fernando Antúnez como pieza clave del armado: había sido parte de la gestión del ex secretario general, Ramón Ayala, y mantenía vínculos activos dentro del sistema gremial. Según la investigación en curso se buscó generar las condiciones para una intervención del gobierno libertario a la obra social.

En agosto de 2024, ese objetivo se concretó: el Gobierno desplazó a las autoridades elegidas por voto gremial y puso a Osprera bajo control directo de la Casa Rosada, en una trama en la que se cruzan el ministro de Salud, Mario Lugones y los Menem.

Antúnez es pareja de la diputada bonaerense libertaria, Salomé Jalil Toledo. «Se conocieron cuando ella trabajaba en la mesa de entradas del Ministerio de Seguridad, bajo la gestión de Cristian Ritondo durante el gobierno de María Eugenia Vidal. En 2023, Jalil Toledo fue electa diputada por La Libertad Avanza», recordó un dirigente de Uatre. «Hoy vive en un piso de Puerto Madero, el barrio más caro de la Ciudad», agregó.

Como sea, una vez resuelta la intervención, el gobierno nombró en primer lugar a Virginia Montero y luego de ajustes de cuenta internos, los Menem lograron imponer a Marcelo Carlos Petroni, que responde directamente a Lule.

Como era previsible, con Lule llegó la droguería Suizo Argentina, la misma del escándalo de coimas de la Andis. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, Osprera giró más de $7700 millones a la Suizo Argentina. Se pagaron 193 facturas bajo un esquema de compras directas y convenios capitados para medicamentos oncológicos y tratamientos de alto costo.

El flujo fue constante. En noviembre se pagaron $667 millones. En diciembre, $2500 millones. En enero, $1395 millones, con un récord de 101 transferencias. Febrero cerró con $629 millones y marzo con $2491 millones.

Aparecen chats que comprometen al Gobierno en un plan para quedarse con la obra social de Uatre: «Somos Lule y Karina». El 23 de enero, Petroni firmó un acta con Suizo Argentina que oficializó un plan de pagos sobre la deuda acumulada hasta diciembre. La empresa garantizaba el abastecimiento, Osprera prometía cancelar las nuevas facturas en 60 días.

Según reconstruyó el diario La Nación, la deuda actual se acerca a los $3000 millones. Pero no es la única pista que lleva a los Menem.

También se investigan los pagos a Siaco, que es una prestadora odontológica que firmó un convenio por más de 400 millones por mes cuando no daba ni siquiera prestaciones de primer nivel de atención. Misma debilidad que aparecer en los servicios que presuntamente presta la empresa HTech Innovation.

HTech Innovation, es una empresa fundada por Sergio Andrés Aguirre, socio de Martín Menem en TR Nutrition también fue contratada por la flamante intervención. HTech comenzó a trabajar con Osprera en noviembre de 2024 y facturó más de $47 millones en los primeros meses. El contrato mensual vigente asciende a $16 millones.

«Petroni es el que firmaba los acuerdo pero quien manejaba atrás era Sergio Aguirre que es socio de Martín Menem», afirmó a LPO un abogado al tanto de la situación es Osprera. Marijuan accedió a mensajes de Whatsapp entre Petroni y Aguirre. En uno de ellos, el interventor escribió: «Eso lo tiene que saber Martín y Lule». En otro, fue más directo: «Nosotros somos Lule y Karina».

Un dirigente del gremio incluso reveló a LPO que en Osprera es un secreto a voces las direcciones de la presunta oficinas de Aguirre y Lule Menem «donde iban los retornos». Este dirigente agregó que «primero se los pagaban a Aguirre, pero después fueron derecho a Lule».

El Gobierno había emitido el decreto 1045/24, que establece una guía de buenas prácticas para interventores. Allí se prohíbe explícitamente el pago de deudas anteriores sin una auditoría que verifique su legitimidad. La Justicia intenta ahora establecer si esa norma fue ignorada en los acuerdos con Suizo Argentina. (LPO)

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