Nota de opinión de Nicolás Suarez Colman (*): La inserción sociopolítica en las estructuras del poder de la cultura progresista ha tenido a lo largo de los últimos diez años un avance sostenido, tal vez por el abandono que los espacios de derecha o de centro hicieron durante ese tiempo con relación a las batallas sobre la cultura y el lenguaje.

Mientras había temas más urgentes de los que preocuparse, la izquierda y el wokismo se enfocó en él. Del otro lado la bifurcación de las agendas hizo que se hiciera este abanono por resultar un simple, infantil e inofensivo derecho a ofenderse por todo creando un terreno fértil para el desarrollo y el avance cultural del pseudoprogresismo.

Los liberales y republicanos amamos la libertad como elemento esencial del desarrollo humano con una sola limitación, nadie y absolutamente nadie puede estar por encima de la ley. Los principios de libertad y de no discriminación siempre estuvieron diseñados con relación a la ley y la condición personal del individuo frente a ésta. Garantizada la propia ley la libertad de expresarse y el derecho a no ser discriminado por el Estado era suficiente.

El progresismo woke no se contentó con ello y continuó con su agenda de forma tal de blindar en absoluto sus ideas con la finalidad de que sean plausibles de recibir ningún tipo de cuestionamiento. Ya no se trataba de garantizar la libertad individual ante la ley, sino de erigirse como jueces de la opinión y el lenguaje. El “derecho a ofenderse” por absolutamente todo aquello que contradiga ideas se estaba consolidando con las acciones desplegadas por la ONU desde 2019 y consolidándose con intentos legislativos.

No es menor que en provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal haya promovido una ley que obligue a las personas a decir “fueron 30.000”. Así haya desaparecido una sola persona por parte del Estado es igual y absolutamente aberrante, pero militarizar la palabra y construir una verdad a fuerza de látigo transforma al progresismo woke en fascismo disfrazado de sensibilidad.

En Río Negro, el vicegobernador Pedro Pesatti, impulsa una ley “contra los discursos de odio”, en un intento nuevo por militarizar el uso del lenguaje y limitar el derecho a la libre expresión basado en aspectos meramente subjetivos. El poder woke y progresista se hace de herramientas para institucionalizar el poder de perseguir a quien cuestione sus ideas.

En otras palabras, las ideas de ellos son sanas y puras, todo lo que las contradiga son discursos de odio, de discriminación e intento por destruir minorías. Esta acción sistematizada no es más que un intento por consolidar ideas en el claro menoscabo del derecho de cualquier ser humano de expresarse libremente y ser sometidos que grupos minoritarios obliguen y pretendan que los demás piensen como ellos poniendo una espada de amocles en el cuello del individuo.

Socavar la libertad de expresión con el objeto de consolidar ideas de grupos minoritarios es el principio de la consolidación de los totalitarismos que no imponen ya por la fuerza, sino por medio del escrache, la cancelación, la anulación del otro y ahora pretenden hacerlo con la ley.

En la libre discusión de las ideas es necesario retomar profundamente este debate y salir del abandono no sólo de la batalla cultural, sino de la resignificación del lenguaje como herramienta no ya de persecución como se pretende, sino de entendimiento y de construcción colectiva. La libertad sin imposición y en el libre ejercicio de las ideas.

(*) Nicolás Suárez Colman – Abogado, especialista en Derecho Administrativo. (UNLP-UNCO)