La pulseada judicial por YPF en los tribunales de Estados Unidos sumó un nuevo capítulo con la decisión de tres gobernadores de provincias accionistas de la petrolera estatal de impulsar una ofensiva penal contra la familia Eskenazi, cuyo ingreso a la compañía a fines de 2007 dio origen al millonario pleito que hoy amenaza con comprometer las reservas del país.

Los mandatarios de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Chubut, Ignacio Torres; y de Santa Cruz, Claudio Vidal, trabajan en una estrategia conjunta para presentarse ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El objetivo: promover una investigación sobre las condiciones de la compra de acciones por parte del Grupo Petersen, operación que, aseguran, habría escondido maniobras de carácter fraudulento.

El paso no es menor. Hasta ahora, la defensa de la Argentina frente al fallo que ordena pagar cerca de US$16.000 millones al fondo Burford Capital se limitó al terreno civil y comercial. Los gobernadores, en cambio, apuestan a llevar el caso al terreno penal norteamericano, donde una causa abierta podría suspender el proceso civil que instruye la jueza Loretta Preska.

Provincias accionistas en movimiento

Los tres gobernadores se apoyan en el hecho de que sus distritos poseen acciones clase B de YPF, una participación minoritaria que deriva de la ley de expropiación de 2012. Aunque esa porción no les otorga control sobre la empresa, les confiere la condición de socios. Desde ese lugar, buscan intervenir en defensa de sus intereses y, por extensión, de los recursos provinciales que podrían verse afectados por la sentencia.

La embestida apunta a demostrar que el ingreso del Grupo Petersen –financiado con los dividendos de la propia compañía y con el aval político de la Casa Rosada– fue irregular y abrió el camino al litigio internacional. Si se comprobara la existencia de un delito en aquella operación, argumentan, caería el andamiaje legal que sostiene la demanda de Burford Capital.

El silencio de Weretilneck y Figueroa

En paralelo, la iniciativa exhibe un contraste político: mientras Cornejo, Torres y Vidal avanzan con decisión, los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa, hasta ahora guardan un extraño silencio. Ambos distritos son clave en el mapa energético argentino y también poseen participación accionaria en YPF.

Según trascendió, han mantenido conversaciones preliminares con sus pares, pero no definieron si se sumarán a la cruzada. Ese hermetismo generó malestar en los otros mandatarios, que remarcan la necesidad de una defensa unificada frente a un juicio que, de avanzar, podría condicionar severamente las finanzas nacionales y provinciales.

Una trama de alto riesgo

El caso YPF llegó a su punto crítico en septiembre de 2023, cuando la jueza Preska condenó a la Argentina por no haber extendido la oferta de compra a todos los accionistas en el marco de la estatización de 2012. La decisión se originó en la quiebra del Grupo Petersen, que no pudo pagar su paquete accionario y cuyos derechos fueron adquiridos por el fondo Burford.

Hoy, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito analiza recursos presentados por la Procuración del Tesoro, que insiste en que la orden de entregar acciones estatales de YPF viola la inmunidad soberana y la propia ley argentina de expropiación. Mientras tanto, la movida de los gobernadores abre un flanco inesperado: el de la investigación penal internacional, con la posibilidad de que organismos como el FBI se involucren en la pesquisa.

Lo que viene

Con plazos ajustados y la amenaza de una inminente ejecución, los mandatarios que encabezan la ofensiva buscan mostrar iniciativa y proteger los intereses provinciales. La incógnita es si Weretilneck y Figueroa romperán el silencio y se sumarán, o si mantendrán distancia en un tema que, tarde o temprano, podría golpear directamente en la caja de sus provincias. (NA)