Una camioneta de reparto terminó fuera de servicio tras ser embestida por un colectivo urbano que descendía por una calle con pendiente, bajo condiciones climáticas adversas. La escena ocurrió en el centro y el caso derivó en una demanda civil que terminó con una sentencia indemnizatoria contra la empresa de transporte y su aseguradora.

El vehículo afectado, una Renault Kangoo identificada con el logo de una empresa de correo, se encontraba estacionado frente a un edificio sobre calle 20 de Febrero. Un colectivo de la línea 50 bajaba por la misma arteria cuando perdió el control en la curva que conecta con Pasaje Gutiérrez y golpeó a varios rodados. Uno de ellos era el único medio de trabajo del demandante, que dejó de operar durante más de una semana.

La firma demandada, Transporte Amancay S.R.L., negó cualquier participación. Alegó que no existía reporte del incidente, que el chofer no había advertido ningún impacto y que el estado de la unidad no reflejaba signos de colisión. Su aseguradora, Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, sostuvo que no recibió notificación alguna del hecho y desconoció los daños reclamados.

Durante el juicio, la reconstrucción tomó forma a partir de los propios registros de la empresa. El conductor admitió que perdió el control de la unidad al llegar a la curva, por la combinación de nieve y pendiente. Un vecino declaró haber visto al colectivo bajar con velocidad y chocar contra los autos detenidos frente a su domicilio. Una marca en el lateral derecho del colectivo —un raspón leve— coincidía con el punto de contacto denunciado. La pericia técnica determinó que los daños en la Kangoo eran compatibles con esa mecánica de impacto.

El magistrado interviniente también valoró la prueba sobre la actividad comercial. La camioneta prestaba servicio de reparto para Andreani, y estuvo inutilizada durante nueve días. La empresa confirmó que el chofer trabajaba como proveedor externo y que realizaba entre 70 y 80 entregas diarias. La sentencia hizo lugar al reclamo por lucro cesante, además de los costos de reparación, y desestimó el pedido por desvalorización del rodado, al considerar que los daños eran completamente reversibles.

El fallo ordenó a la empresa de transporte y a su aseguradora a pagar $12.853.292 en concepto de indemnización. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.