Un escándalo sobrevuela la concesión de las cinco grandes represas argentinas por los próximos treinta años, que aspira a ser un hito en el hasta ahora fallido ímpetu privatizador de Milei. Este viernes se abrieron los sobres de las ofertas económicas de las empresas que aspiran a quedarse con las represas del Comahue y la norteamericana AES podría quedar en medio de una polémica.

AES obtuvo una sentencia favorable en el CIADI contra el Estado argentino por unos USD 750 millones, y según confió a LPO un directivo al tanto de los pormenores de la licitación, pretendería descontar ese monto de la reconcesión de la represa Alicurá., que actualmente opera. Hay quienes sostienen que una empresa que demandó al Estado argentinono debería competir en una licitación nacional.

La vista gorda de la administración de Milei con esta firma de capitales norteamericanos, se da en el preciso momento que la administración Trump rescató a la gestión libertaria y cuando se habla de un pliego de condiciones no escritas, como la expulsión de las inversiones chinas.

Como sea, este viernes se licitaron cinco centrales hidroeléctricas que fueron concesionadas en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem: El Chocón actualmente operada por la italiana Enel, junto con Arroyito. Piedra del Águila, bajo el manejo de la argentina Central Puerto, del empresario Nicky Caputo. Alicurá, operada hasta ahora por la estadounidense AES Argentina. Planicie Banderita, que era administrada por Aconcagua Energía, rebautizada luego como Tango Energy, rescatada de la quiebra por Miguel Galuccio. Y Pichi Picún Leufú, operada por Orazul Energy.

Las más relevantes en potencia son El Chocón y Piedra del Águila cada una con más de 1.000 MW de capacidad instalada. Por su parte Arroyito con 128 MW y Pichi Picún con 261 MW funcionan como «represas de compensación»: su capacidad es menor, precisamente porque no tienen el foco de alta generación, sino de regulación hidráulica.

En el sector se comenta que la tasación de los activos fue claramente subvaluada. Legisladores patagónicos de las provincias de Neuquén y Río Negro presentaron medidas cautelares denunciando que no se respetó el procedimiento legal, en particular, que no intervino el Tribunal de Tasaciones de la Nación como exige la ley.

Oficialmente, el Gobierno pidió USD 200 millones por cada una de las dos más grandes El Chocón y Piedra del Águila, y alrededor de USD 50 millones para Planicie Banderita y Alicurá.

Entre los que ya se anotan para disputar el botín se encuentran la estadounidense AES, Nicky Caputo con Central Puerto; Rubén Chernajowsky en sociedad con los hermanos Neuss; Genneia, que tiene entre sus socios a la familia Brito; YPF; MSU Energy de Manuel Santos Uribelarrea; Pampa Energía de Marcelo Mindlin; y Javier Madanes Quintanilla dueño de Aluar.

Otro punto oscuro se desprende del requisito original del pliego donde se exigía acreditar experiencia en centrales que operaran más de 600 MW. Pero en el sector sospechan que el Gobierno rebajó el corte a tan sólo 100 MW, para que puedan participar d ela licitación empresarios amigos. Con esto ampliaron la puerta para jugadores chicos.Ahí aparece otra incógnita: ¿perderá Enel la concesión ante un jugador menor del mercado doméstico?

La apertura de sobres estaba prevista para el 23 de octubre, pero sorpresivamente se suspendió horas antes. ¿Quién presionó para patear la fecha? ¿Lobby de empresas? Según afirmó a LPO un empresario del sector: «a las provincias les cerraron el pico a fuerza de regalías». Algunos advierten que estos contratos podrían representar «el mayor daño estructural al sistema eléctrico en términos de costo de abastecimiento». (LPO)