Un llamado telefónico de los vecinos alertó a la delegación policial que había un toro suelto en el barrio Santa Clara, en Viedma. El animal, de gran porte, estaba atemorizando a los transeúntes y generaba un peligro para los automovilistas.

Los superiores dieron la orden que un grupo de oficiales concurriera al sector. Faltaba poco para la Navidad de 2022. Durante el operativo, el toro atacó a uno de los uniformados que, al intentar huir, cayó al suelo. El impacto le provocó una lesión en la mano izquierda que requirió atención médica y una cirugía posterior.

El agente fue atendido inicialmente por la aseguradora de riesgos del trabajo, que le otorgó el alta luego de un tratamiento de fisioterapia. Sin embargo, las molestias persistieron. Según relató en la demanda, la mano no recuperó la movilidad total y presentaba dolor al realizar ciertos movimientos. La Comisión Médica había determinado un bajo porcentaje de incapacidad, que el trabajador consideró insuficiente frente a las limitaciones que aún sufría. Por eso acudió al Poder Judicial.

En el expediente, la pericia médica determinó que el hombre padece una lesión ligamentaria en el pulgar, consecuencia directa del accidente ocurrido mientras intentaba controlar al toro. La especialista explicó que “el pulgar constituye el pilar principal de la mano, proporcionando la fuerza de oposición indispensable para realizar las pinzas y prensas de fuerza con los otros cuatro dedos”. Precisó además que las secuelas correspondían a una “ruptura del ligamento colateral cubital del pulgar izquierdo” y que esa lesión genera limitaciones permanentes.

La Cámara Laboral de Viedma valoró que la pericia fue clara, técnica y coherente. También observó que la aseguradora no aportó pruebas que permitieran desvirtuar los resultados del examen médico. Destacó que el accidente ocurrió durante el cumplimiento de funciones, mientras el trabajador intentaba controlar al animal que se había escapado en la vía pública.

Los jueces consideraron que el esfuerzo físico y la caída que sufrió el agente fueron los desencadenantes de la lesión. En consecuencia, reconocieron una incapacidad laboral parcial y permanente del 7,93 por ciento. La sentencia ordenó a la aseguradora a abonar la indemnización correspondiente por el daño sufrido.
Además, la resolución impuso las costas del proceso a la ART y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.