Siempre sostuvimos que los grandes enemigos del Parque y la ciudad, son los arquitectos y sus serviles cómplices en los emprendimientos (incluidos funcionarios), que detrás del dinero destruyen el bosque, no respetan ordenanzas de construcción y luego pagan multas, en fin, sólo les interesan sus bolsillos ni siquiera familias o legado a sus hijos y de allí nos parece muy importante dar a conocer esta nota en su segunda parte:

Humedal de Bahía Serena (Mallín Km 13) asediado por la urbanización y la contaminación

Los mallines, o humedales patagónicos, desempeñan un papel ecológico crucial para los ecosistemas locales ya que regulan los ciclos hídricos, albergan una rica biodiversidad y actúan como filtros naturales. Sin embargo, el mallín ubicado en el kilómetro 13 de la Avenida Bustillo, en la zona de Bahía Serena, está siendo progresivamente afectado por el avance de la urbanización.

Informes recientes han revelado la contaminación del agua del mallín con bacterias como coliformes fecales y Escherichia coli. Además, los vecinos de la zona han denunciado reiteradamente construcciones ilegales, el cercamiento de áreas públicas y la presencia de caballos que contribuyen a la contaminación. Su frustración se dirige hacia la inacción municipal y la presunta marcha atrás del Concejo Deliberante en la creación de un Área Natural Protegida para el mallín.

Esta situación alcanzó su punto máximo en octubre del año 2024, cuando los vecinos denunciaron la venta de loteos, usurpación y usucapión por parte de sectores acomodados, «tomas VIP» lo llamaron. Cada vez que el área de fiscalización municipal fue a hacer una infracción solo encontró a obreros trabajando y nunca al dueño, por lo que las infracciones no se firmaban y los obreros continuaron su labor. Evidentemente no todas las actividades ilegales reciben el mismo trato.

Un megaproyecto turístico sobre reservas y humedales: CAUMA

El proyecto CAUMA, un hotel de cinco estrellas con 62 habitaciones y un restaurante se planea en el kilómetro 18,8 cerca de la Avenida Bustillo. Abarca dos predios que suman casi 40 hectáreas, situados en una zona de alta sensibilidad ambiental. Su proximidad a la Reserva Natural Urbana (RNU) El Trébol y la presencia de humedales en la propiedad que drenan hacia Bahía Campanario han sido motivo de fuerte oposición por parte de los vecinos desde sus inicios.

La historia de aprobación del proyecto es larga y controversial. Presentado originalmente en 2006, enfrentó suspensiones debido a la Carta Orgánica Municipal y a la designación de áreas como RNU, que afectaban parte de los terrenos. Sin embargo, el proyecto fue ratificado mediante una resolución del entonces intendente Gustavo Gennuso en abril de 2023.

Esta ratificación ha sido criticada por la presunta ausencia de audiencias públicas y la no intervención de las comisiones mixtas de las reservas, instancias consideradas fundamentales para la transparencia. Además, se ha señalado que el proyecto habría recibido un dictamen negativo de impacto ambiental. Estas omisiones contravendrían los principios de una planificación transparente y participativa.

Esta naturaleza «zombie» de los proyectos implica que áreas que se creían protegidas por leyes más recientes pueden seguir amenazadas por aprobaciones de décadas de antigüedad si el marco legal permite tales reactivaciones sin una reevaluación bajo los estándares actuales, lo que genera incertidumbre y socava los esfuerzos de conservación vigentes.

Un ecosistema «intangible» sacrificado por yates privados, el caso del Arroyo Angostura

El Arroyo Angostura, un corto pero ecológicamente significativo curso de agua que conecta los lagos Moreno y Nahuel Huapi, se encuentra dentro del Parque Municipal Llao Llao, un área catalogada como «intangible» según la normativa local.

A pesar de esto, en febrero de 2025, el subsecretario de Planeamiento municipal, Alfredo Allen, autorizó a miembros de un club náutico la remoción de piedras del lecho del arroyo con el fin de facilitar la navegación de embarcaciones privadas.

Esta decisión desató una ola de denuncias por parte de organizaciones ambientalistas como Árbol de Pie y la propia dirección del Ente Llao Llao. Se acusó al municipio de violar normativas ambientales e ignorar un fallo judicial anterior que prohibía este tipo de prácticas. El dragado fue calificado como un «ecocidio silencioso», con potenciales impactos negativos en la dinámica hídrica y la fauna local.

En su defensa, el funcionario Allen argumentó que no se trató de un «dragado» al no haberse utilizado maquinaria y se cuestionó la posible presencia del huillín (una nutria nativa en peligro) en la zona. Estas justificaciones fueron rebatidas por los ambientalistas, quienes señalaron la fragilidad del ecosistema y la priorización de intereses particulares por sobre la conservación. (La Izquierda Diario)