En una audiencia de formulación de cargos realizada hoy por funcionarios en feria, se formularon cargos a un hombre detenido el 27 de enero de 2026, alrededor de las 17:15 horas, a raíz de un hecho ocurrido en flagrancia en la calle Onelli.

Según relató la fiscal, la persona damnificada advirtió que un individuo salía de su vehículo, que había dejado estacionado sobre calle Onelli, casi Gallardo, por lo que inició su seguimiento y logró demorarlo con la colaboración de terceros. Personal de la comisaría segunda intervino de inmediato y formalizó la detención.

El Juzgado interviniente declaró la legalidad de la detención al considerar acreditados los requisitos legales.

La Fiscalía atribuyó al imputado un hecho ocurrido en la fecha y lugar antes indicados, cuando habría violentado la cerradura de un automóvil estacionado y sustraído equipaje y efectos personales que se encontraban en su interior. Parte de esos elementos fueron descartados durante la huida.

Para sustentar la imputación, la Fiscalía mencionó el acta de procedimiento policial, croquis del lugar, denuncia de la víctima, certificado médico e informes de organismos públicos.

Por su parte, la Defensa pública penal cuestionó la calificación legal propuesta. Sostuvo que «con la evidencia disponible al momento, no se encontraría acreditada la fuerza sobre las cosas necesaria para configurar el delito de robo, y que corresponde una calificación de hurto en grado de tentativa».

Se tuvieron formulados los cargos por robo, en calidad de autor, de acuerdo con lo normado en los artículos 45 y 164 del Código Penal y se fijó un plazo de investigación de cuatro meses tal lo solicitado por la defensa penal pública.

En relación a las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva en función del riesgo de fuga presente. Argumentó que el imputado no cuenta con domicilio fijo comprobable en la ciudad, no registra ingresos regulares al país en fechas recientes – la última sería con familiares en el año 2012-

Se agrega a los fundamentos esgrimidos, el informe recibido por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, que da cuenta de una orden de expulsión del país y una prohibición de ingreso de por vida a la República Argentina.

Tras escuchar a las partes, el Juez de Garantías dispuso la prisión preventiva por el plazo de un mes, conforme a lo previsto en el Código Procesal Penal, con el fin de asegurar el desarrollo del proceso.