La causa se inició luego de que un vecino denunciara haber transferido cerca de 2 millones de pesos tras una serie de amenazas y maniobras de presión. El caso comenzó en noviembre de 2025, cuando la víctima radicó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo.

Según se desprende de la investigación, el hombre fue contactado a través de Facebook por una mujer que se presentó como “Carla”, con quien luego continuó la conversación por WhatsApp.  Tras intercambiar mensajes e imágenes, la joven aseguró ser menor de edad y cortó abruptamente el contacto. A partir de ese momento, comenzaron las amenazas.

Días después, un hombre que dijo ser el padre de la supuesta menor exigió dinero bajo la amenaza de denunciarlo, afirmando que la joven había intentado quitarse la vida. Más tarde, otras personas que se presentaban como abogados e incluso como un fiscal enviaron documentación apócrifa, entre ellas un supuesto amparo por “ciberacoso” y un acta de defunción que indicaba que la joven se había suicidado.

Ante el miedo y la presión constante, el vecino de Cholila realizó varias transferencias que, en total, alcanzaron los 2 millones de pesos.

Allanamientos en el penal Almafuerte

La investigación fue llevada adelante por la División Unidad Operativa Federal Esquel, que logró reconstruir la ruta del dinero a partir del análisis de movimientos bancarios. De acuerdo a los datos recolectados, los fondos eran derivados a allegados de un interno alojado en el Complejo Penitenciario Almafuerte, señalado como presunto organizador de la maniobra.

También se identificó a colaboradores que operaban desde una vivienda en Godoy Cruz. Con colaboración de personal federal en Mendoza, se concretaron los allanamientos tanto en la celda del penal como en el domicilio particular, donde se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que serán peritados.

La causa sigue en curso

Los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interviniente y la causa continúa bajo investigación. Desde la fuerza remarcaron que el procedimiento se enmarca en las políticas orientadas a combatir el delito complejo y las estafas virtuales, una modalidad que sigue afectando a víctimas de distintas localidades, como ocurrió en este caso que tuvo su punto de partida en Cholila.