La CGT presentó este viernes 6 de marzo un recurso de amparo ante la justicia federal contra la reforma laboral recientemente promulgada por el gobierno de Javier Milei. La central sindical busca frenar la aplicación de la nueva ley de modernización laboral.

El planteo sostiene que la normativa afecta derechos protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución y por tratados internacionales vinculados al trabajo. Entre ellos se mencionan acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el escrito judicial, la organización sindical sostiene que la ley vulnera el principio de progresividad. Según el planteo, ese principio impide que se adopten medidas que impliquen un retroceso en derechos laborales ya adquiridos.

También denuncia la violación del principio protectorio, que busca equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores frente a la desigualdad estructural que existe entre ambas partes.

Los puntos de la reforma laboral que cuestiona la CGT

La presentación judicial cuestiona de manera puntual la habilitación de jornadas laborales de hasta 12 horas. Además, señala que la norma implicaría la eliminación del pago de horas extras en el sector privado.

Otro de los ejes del reclamo apunta a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Se trata de un sistema que permitiría pagar indemnizaciones en cuotas mediante aportes mensuales realizados por los propios trabajadores.

El recurso de amparo fue presentado en un contexto económico marcado por el cierre de industrias pymes y una caída del consumo interno en distintas provincias del país.

En ese marco, la central sindical sostiene que la propuesta oficial no constituye un proceso de modernización. La organización afirma que “modernización” representa un desmantelamiento de los fundamentos normativos y morales del derecho al trabajo, según expresó la CGT.

El antecedente del reclamo sindical

La CGT ya había adelantado que llevaría la reforma laboral a la Justicia antes de su sanción definitiva. El objetivo del planteo es proteger derechos laborales que considera alcanzados por la nueva legislación.

Entre ellos menciona el derecho constitucional a la huelga y el resguardo de la libertad sindical. La organización sostiene que la normativa desconoce compromisos internacionales asumidos por el país.

En ese sentido, el reclamo sindical menciona el Pacto de San José de Costa Rica, que establece garantías vinculadas a la libertad sindical y a la negociación colectiva. La resolución del planteo quedará ahora en manos de la justicia federal, que deberá decidir sobre el pedido de inconstitucionalidad presentado por la central obrera.