La investigación que se originó tras la viralización de un video en el que se ve a la madre de un imputado entregar fajos de billete al abogado defensor de su hijo, Martín Castro, con alusiones a que el mismo iba dirigido a la fiscal del caso, Julieta Gamarra, tiene dos hipótesis centrales: un caso de cohecho o una defraudación. “Hay que ver si esto se ajusta a la verdad o si hubo una invocación falsa”, explicó el fiscal Omar Rodríguez.

Tras los allanamientos y el secuestro de celulares, el fiscal Omar Rodríguez delineó dos hipótesis excluyentes: un presunto pago ilegal a una funcionaria judicial o un engaño del abogado a la familia del imputado. Tanto el letrado como la madre del detenido están bajo sospecha y no pueden declarar como testigos.

La investigación se disparó tras la viralización de un video donde se observa la entrega de dinero por parte de la madre de un imputado, identificado como “El Chavo” Ferreyra. En las últimas horas, la causa sumó un elemento trascendente, con el secuestro de teléfonos celulares de los principales involucrados, en busca de evidencia que permita esclarecer el destino del dinero.

El caso ingresó ahora en una fase más técnica, con medidas de prueba orientadas a confirmar o descartar las dos hipótesis que ordenan la pesquisa: un posible delito de cohecho o, en su defecto, una maniobra de defraudación.

Así lo explicó el fiscal Omar Rodríguez, en diálogo con la prensa, donde detalló que el punto de partida es el propio contenido del video. “Lo que muestra es una entrega de dinero a un abogado, y de la conversación surge que ese dinero tenía como destino una funcionaria para que haga algo relativo a su función”, indicó.

Dos hipótesis: cohecho o fraude
A partir de ese registro, la fiscalía trabaja sobre dos líneas de investigación claramente diferenciadas. Por un lado, un presunto delito de cohecho: sería el caso si se comprueba que el dinero estaba efectivamente destinado a una funcionaria judicial, a través de un intermediario (el abogado). En este escenario, quien entrega el dinero y quien lo recibe podrían estar participando de un delito, con lo que la madre del imputado pasa a ser partícipe del delito.

Por el otro, una defraudación: la segunda hipótesis es que el abogado haya engañado a la familia del imputado, haciéndoles creer que el dinero era necesario para “arreglar” la situación judicial, cuando en realidad no tenía ese destino. En ese caso, la madre del detenido podría ser considerada víctima.

Madre y abogado, bajo sospecha
Un punto central que aclaró el fiscal es la situación procesal de los protagonistas del video. Tanto el abogado como la madre del imputado no son considerados testigos, sino que están bajo sospecha.

“Yo avancé sobre ellos como imputados, no como testigos”, afirmó. Esto tiene implicancias concretas: no pueden ser citados a declarar en calidad de testigos ni bajo juramento, ya que están potencialmente involucrados en el hecho investigado.

En términos técnicos, aún no hay una imputación formal (que se concreta con la apertura de la investigación), pero sí están “sindicados” como partícipes del episodio, lo que justifica medidas como los allanamientos y el secuestro de sus teléfonos.

El rol del video y las pericias
Otro elemento relevante es que ninguna de las partes negó la autenticidad del video ni la existencia de la entrega de dinero. “Lo que se escucha ahí nadie lo ha negado”, remarcó Rodríguez, lo que otorga al registro un valor probatorio inicial significativo.

El foco ahora está puesto en las pericias sobre los dispositivos secuestrados. Para avanzar, la fiscalía deberá solicitar autorización judicial que permita acceder al contenido de los teléfonos, protegidos por el derecho a la privacidad.

A partir de ese análisis, se buscará reconstruir comunicaciones, mensajes o cualquier rastro digital que permita determinar si el dinero tenía efectivamente como destino influir en una decisión judicial o si se trató de un engaño.

En paralelo, uno de los elementos que alimentó la controversia pública fue la coincidencia entre lo que —según el video— habría prometido el abogado y el resultado del proceso judicial: un acuerdo de juicio abreviado con una pena de un año de prisión efectiva.

Sin embargo, el fiscal aclaró que ese acuerdo “es legal” y que el imputado no recuperó la libertad, ya que continuó detenido con declaración de reincidencia. Aun así, reconoció que “toda la circunstancia hizo calzar de una manera que genera suspicacia”.

Otra aclaración importante es que el video es real, es decir que no está alterado con inteligencia artificial, según precisó el fiscal, al tiempo que ninguno de los involucrados negó haber dicho las palabras que se escuchan en la grabación.

De este modo, queda por dilucidar si el pago del dinero fue para una coima, o parte de una maniobra de estafa a la madre del imputado. (ADNSUR )