Los datos que aportó la universidad a la que dijo asistir fueron claves para confirmar las sospechas de usurpación de título y el trabajo que tenía antes de ejercer. El sumario de Salud contra la médica trucha que ejerció durante más de cinco años en el Alto Valle, avanza directamente hacia la confirmación de las sospechas de usurpación de título y el caso llegaría a la Justicia. El Gobierno recibió y dio detalles claves para confirmar las irregularidades.

El caso se conoció en las últimas semanas, pero las sospechas comenzaron hace algunos meses. La impunidad y el tiempo durante el que logró ejercer la falsa médica causaron conmoción tanto en Salud Pública como en clínicas privadas. Según datos brindadas por fuentes del ministerio, se trata de una mujer de General Roca que entró al sistema sanitario durante la pandemia de coronavirus.

La mujer -cuya identidad se preserva porque aún no fue acusada penalmente- trabajó en un hospital y tres clínicas privadas entre 2020 y fines de 2025. Según trascendió, la investigación comenzó formalmente cuando presentó un certificado de especialización que sorprendió a sus compañeros.

Sin embargo, según trascendió, no era la primera vez que había dudas sobre su condición de médica. Se presume que evitar levantar sospechas era uno de los motivos por los que cambiaba frecuentemente de trabajo.

Cómo cayó la médica trucha

«Una vez que obtuvo la matrícula provincial, conseguir trabajos no era tan complejo. Se piden antecedentes laborales y el título, pero la matrícula da confianza», aseguró una fuente de Salud en torno a uno de los interrogantes que genera el caso: cómo la contrataron cuatro centros asistenciales distintos sin descubrir el título trucho.

El paso en falso de la médica trucha habría sido en Villa Regina, donde se presentó dos veces a una especialización como «terapista» que otorga la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). Reprobó dos veces el examen y meses después habría presentado el diploma a la Clínica Central. Aseguró que rindió libre, algo que sus «colegas» consideraron improbable.

Fue allí cuando las dudas que se expresaban en conversaciones informales llegaron a Salud para que se revisen sus antecedentes académicos. El resultado de esa investigación fue contundente.

La Universidad de Los Andes de Venezuela aseguró al Gobierno de Río Negro que el diploma del que la mujer presentó una fotocopia es real en todos sus datos, menos en el más importante: el nombre. El certificado de finalización de estudios universitarios corresponde a otra persona.

A partir de esa información, Salud determinó que en 2018, cuando supuestamente finalizó sus estudios, la mujer ejercía en Roca como maestra.

El sumario aún está abierto, pero Salud ya tomó la decisión más importante: suspender la matrícula que la habilitaba a trabajar como médica. Se espera que el Ejecutivo cierre el expediente en los próximos días y avance con una denuncia penal contra la «médica trucha» tal como anticipó el ministro Demetrio Thalasselis.

Si la mujer es acusada, no se descarta que haya presentaciones judiciales en su contra por parte de pacientes o familiares de personas que haya atendido. Uno de sus trabajos fue como médica de guardia, por lo que atendió a personas que cursaban enfermedades de urgencia sin tener conocimientos certificados para hacerlo.

Por otro lado, Salud aún no confirmó si investigará a los funcionarios que admitieron su ingreso al sistema sanitario y le otorgaron la matrícula. La maniobra delictiva de la médica trucha se produjo en un momento de urgencia para el sistema de Salud a raíz de la pandemia de coronavirus, pero hubo irregularidades flagrantes, como admitir un título a través de una fotocopia.

Las posibles consecuencias en la Justicia

Si Salud avanza con una denuncia penal, la mujer de Roca puede enfrentar una catarata de cargos, que podrían derivar en una pena de cumplimiento efectivo:

– Ejercicio ilegal de la medicina: Se castiga a quien «sin título o autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciara, prescribiera, administrara o aplicara cualquier medicamento, operación, medida o tratamiento curativo».

– Usurpación de títulos: Corresponde por haberse arrogado el grado académico de «Médica Cirujana» y haber ejercido funciones públicas y privadas bajo esa falsa identidad profesional.

– Falsificación y uso de documento público: La presentación de una fotocopia de un título falso para obtener una matrícula provincial (documento público) constituye un delito grave contra la fe pública. La pena aumenta si el documento es utilizado para engañar al Estado.

El recorrido en Salud

La acusada no solo ocupó un puesto, sino que rotó por el corazón del sistema sanitario de la región, acumulando una experiencia basada en documentación presuntamente apócrifa:

– Hospital Francisco López Lima (General Roca): Su inicio en 2020. Ingresó a la nómina de Salud Pública de Río Negro aprovechando la emergencia sanitaria.
– Clínica Roca (General Roca): El lugar donde mayor estabilidad logró. Allí trabajó durante al menos cuatro años cumpliendo funciones de médica de guardia y terapista.
– Sanatorio Juan XXIII (General Roca): Prestó servicios en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), un área de máxima complejidad.
– Clínica Central (Villa Regina): Extendió su radio de acción hacia el este, integrando el equipo médico de este centro privado.
– Servicio de Emergencias (Neuquén): Trascendió que también trabajó de forma transitoria cruzando el puente, en territorio neuquino.