Creyendo en su ignorancia que el Estado es un absolutismo monárquico, ahora el Gobierno modificó el decreto Constitucional para la designación de jueces en la Corte Suprema, para barrer la mayoría de los controles de la sociedad civil que tiene el proceso de designación. La modificación, que representa otro retroceso institucional del gobierno libertario, se instrumentó cuando el caso Adorni toca otro pico de indignación libertaria.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue el impulsor del cambio que contempla la eliminación de los tres artículos que garantizaban intervención de la sociedad civil en la designación de los jueces del máximo tribunal. Además, se suprime la publicación en diarios de circulación nacional y se incorporan plazos más cortos para el trámite.

El decreto agiliza el proceso a costa de eliminar toda la arquitectura de control ciudadano e institucional (ONG, colegios, academia, prensa) y el Presidente queda con el poder de designar con mayor velocidad y menor escrutinio público de la Corte Suprema de la Nación.

Los candidatos son el camarista Mariano Borinsky, experimentado integrante de la Cámara de Casación Penal: y Karina Perilli, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, muy cercana a Lorenzetti.