Un hombre fue condenado a un año y dos meses de prisión efectiva por los delitos de robo simple en grado de tentativa, robo consumado y hurto calificado. Además, fue declarado reincidente. El primero de los hechos relatados por el fiscal del caso Marcos Sosa Lukman, ocurrió en septiembre de 2025, cuando rompió el vidrio lateral de una camioneta estacionada en la vía pública y sustrajo una mochila. Al ser advertido por personal policial, intentó escapar, pero fue detenido y la misma fue recuperada.

En diciembre del mismo año, violentó la cadena de seguridad y la traba de volante de una moto que se encontraba en el estacionamiento de un comercio y se apoderó del vehículo. La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar.

La condena se dictó en el marco de un procedimiento abreviado. Durante la audiencia, el acusado reconoció su responsabilidad y aceptó la pena acordada entre la Fiscalía y la Defensa, luego de ser informado sobre sus alcances y consecuencias. Este reconocimiento es condición necesaria para la realización del mismo.

También fue condenado por dos hechos ocurridos el 26 de enero de este año. En el primero, mediante un inhibidor de señal, accedió al interior de un vehículo estacionado sobre la calle Elflein y sustrajo una bolsa con hilos, una máquina de tejer, un perfume, un desodorante y otros artículos.

Ese mismo día utilizó el dispositivo para ingresar a otro vehículo, ubicado en el estacionamiento del supermercado La Anónima de la calle Quaglia. De allí tomó una valija, mochilas, prendas de vestir, calzado y distintos objetos personales. Tras un llamado al 911, la Policía lo detuvo con los elementos sustraídos y el inhibidor en su poder. Los objetos fueron recuperados y restituidos a sus propietarios.

Entre la evidencia mencionada durante la audiencia se encuentran las denuncias de las víctimas, las actas de los procedimientos policiales, los registros de las cámaras de seguridad, fotografías, informes del Gabinete de Criminalística, el llamado al 911 y las constancias de reconocimiento y entrega de los elementos recuperados.

El defensor público penal, Nelson Vigueras manifestó haber controlado la prueba reunida en los distintos legajos y prestó conformidad con el acuerdo.

El juez de juicio Sergio Pichetto homologó el acuerdo y dispuso que el Ministerio Público Fiscal notifique a las víctimas los derechos y alcances previstos en el artículo 11 bis de la Ley 24.660.
También hizo lugar al decomiso y la destrucción del inhibidor secuestrado. Luego de que las partes renunciaran a los plazos procesales, la sentencia quedó firme y el legajo fue remitido al Juzgado de Ejecución.