VLA. ABOGADO RESALTA «EL PRIVILEGIO DE SER JUDICIAL»

Nota de opinión de Cristian Hugo Pettorosso (*): La semana pasada la Secretaría de Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia hizo saber a todos los abogados de la provincia de Neuquén, que se modifica la remuneración total asignada al cargo de juez de Primera Instancia, con lo cual se indica que el valor del “Jus” se eleva a $ 48.628 y centavos.
Para hacerlo fácil, diré sencillamente que el denominado “Jus” es una medida arancelaria que representa el uno por ciento (1%) de lo que percibe de salario cualquier magistrado de los que vemos habitualmente transitando los pasillos de tribunales de esta localidad.
Cuantificando, entonces, observamos que un juez o un fiscal -que ganan ambos casi lo mismo- cobran actualmente con este aumento, la suma de $4.862.800.- mensuales; y más también.
La paga no esta nada mal, de confronte a la crisis económica generalizada que soportamos, donde la mayoría de los trabajadores públicos -y privados- ganan una cuarta parte de aquellos destacados valores.
Así las cosas, pertenecer a la familia judicial tiene sus privilegios, los cuales no solo se ponderan en percibir uno de los más elevados salarios del estado provincial neuquino; las reducidas cargas horarias y las extensas vacaciones; sino también, entre otras ventajas, la inmunidad -y la impunidad-, que se garantiza al formar parte de esta singular institución, donde en las más de las veces, la sociedad no se entera de las miserias que ocurren puertas adentro de ese cerrado círculo de estatales.
Los trapitos sucios quedan adentro y no salen -no deben- salir a luz; todo sea para mantener indemne la imagen falsa de pulcritud de un poder del estado que pretende posicionarse como ejemplar, eficiente, decoroso e incorruptible ante los ojos de una ciudadanía cada vez más descreída, entre otras razones, por el aumento de la inseguridad y las faltas de respuestas útiles de un estado que simula acción frente al problema.
Y esa creciente inseguridad también sucede por decisiones erróneas que mueven los propios engranajes de justicia, dando paso a una realidad que se construye -o destruye- desde los intestinos del mismísimo sistema; cuando, mediante el sagrado control de los actos de gobierno, la población advierte y critica que funcionarios de justicia delinquen y, sin embargo, no pasa nada.
Hace jornadas atrás, la prensa comunicara a la sociedad que un funcionario público, abogado con actividades asignadas a un juzgado de Villa la Angostura, fuera sorprendido por la Policía en momentos de intentar llevarse sin abonar distintas mercaderías de un supermercado, escondiéndolas debajo de sus prendas.
El hecho sindicado fue un intento de hurto de fiambres ocurrido hace meses, tratándose de un delito de acción pública que precedió a la fuga del sospechoso, cuando elementos policiales intentaran identificarlo, quien huyo de la escena a bordo de un automóvil importado.
El caso fue investigado, juzgado, y el infiel finalmente fue sobreseído porque el fiscal Adrián De Lillo desistió de acusar en plena audiencia de formulación de cargos; perdiendo el Poder Judicial una oportunidad aprovechable desde ejemplaridad, para demostrar a la sociedad que la vara de la Justicia tiene el mismo largo para todos; que no hay favoritismos para nadie, ni siquiera para los judiciales.
Pero no; valieron más extrañas pasiones que empecen a la calidad del servicio de justicia, y el sustractor pasó por la aceitada puerta giratoria, que giró esta vez sobre su eje a una velocidad nunca vista antes, vertiginosa, que marea e indigna de solo mirarla, aplicándose un “criterio de oportunidad” que no fue usado en casos similares, inclusive de menor entidad.
Para cualquier hijo de vecino que se lleva un queso o una bandeja de jamones debajo de su campera, eludiendo el pago en la caja registradora, de mínima, se le aplica una “probation” o suspensión del proceso a prueba por un año o dos, según circunstancias, obligado a cumplir determinadas horas de trabajo no remunerado en beneficio de alguna entidad de bien público. Pero acá no; el imputado goza de impunidad, siendo que el hecho existió materialmente y no tuvo ninguna sanción, debido que es un amigo de la casa.
Pertenecer tiene sus privilegios, y, ya sabemos, entre bueyes no hay cornada.
El Ministerio Público Fiscal que suele alardear públicamente de sus logros persiguiendo ladrones de gallinas o sujetos vulnerables, no hizo lo propio cuando un ladrón de fiambres integra las filas judiciales; despreciando una oportunidad propicia para mostrar a la gente que aún siendo uno de los suyos, el reo sería juzgado como a cualquier persona que comete el mismo delito, situación que la gente hubiera aplaudido de pie, celebrando esperanzada una tímida demostración de cambio, que, al menos por única vez, sugeriría que todos somos iguales ante la ley.
Desde otro ángulo de análisis, el peligroso antecedente creado por la Fiscalía permite sentar la posibilidad que los próximos hurtos que ocurran en comercios de nuestra localidad, queden de la misma manera en la impunidad; porque si se puede lo más, se puede lo menos; o, en otras palabras, si un funcionario judicial intenta llevarse cosas sin pagar y no obtiene reproche, con más razón se justifica en casos de legos o sujetos con menores posibilidades.
Según trascendiera, el funcionario retomaría en breve sus actividades habituales en el juzgado local; y acá no ha pasado nada, porque ser judicial tiene sus privilegios. Mientras tanto, sus compañeros de trabajo van guardando las billeteras.-
(*) Cristian Hugo Pettorosso es Abogado – Matr. 2248, C.A.P.N; T°XLVIII, F°208, C.A.L.P; T°600, F°816, C.F.A.L.P.; Tº97, Fº387, C.P.A.C.F. (DiarioAndino VLA)