La Asociación Civil Árbol de Pie, le requiere que se vete la normativa sancionada en la última sesión del año, donde se aprobó un proyecto urbanístico privado y social al pie del cerro Otto, entre el barrio El Frutillar y las 400 Viviendas. La organización ambientalista considera que debe ser analizado nuevamente, atento a restricciones protectoras de toda la legislación vigente.-

Se refiere a la Ley Nacional 26.675 y 26.331, la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques 4.552 y la Cláusula Transitoria 22 de la Carta Orgánica Municipal, así como otras ordenanzas.

“El veto solicitado no significa desconocer e ignorar la necesidad de tener un techo digno, ni la emergencia habitacional de Bariloche, sino que buscamos garantizar la seguridad de toda la comunidad y el respeto irrestricto a la normativa ambiental vigente”, se explicó desde Árbol de Pie.

“Nos preocupa en particular que en la bibliografía que fundamenta la ordenanza, no se cuenta el estudio del SEGEMAR ni mucho menos, el Informe Otto final del Servicio Forestal Andino – Bases para el ordenamiento territorial de noviembre de 2008”, se agregó. Además, remarcaron que el Colegio de Arquitectos, también puso argumentos técnicos en la misma línea.

Entienden que de no tomar las recomendaciones sobre los riesgos y restricciones ambientales, se estaría contribuyendo a poner en riesgo no sólo la vida de quienes ocuparía el loteo autorizado, sino también la vida de quienes habitan legalmente en lugares ambientalmente aptos, que podrían verse afectados por futuros eventos.

“De seguirse adelante con la ejecución de este proyecto, haremos responsables de forma personal, a todos y cada uno de quienes lo han posibilitado, del pasivo ambiental que se genera en nuestra ciudad con un claro daño al ambiente, las personas y los bienes”, advirtieron desde la Asociación Civil Árbol de Pie, en referencia a funcionarios municipales y concejales.

Finalmente, exigen que se vete totalmente esta ordenanza y que se cite a la responsable de la Subsecretaría de Recursos Forestales, la exconcejal Claudia Contreras, para que instruya respecto de cuál es la normativa aplicable en materia de bosques para el sector en cuestión, “todo bajo apercibimiento de iniciar las acciones penales por incumplimiento de deberes de funcionario público, las demandas ambientales por el cese de daño ambiental y las civiles por los daños ocasionados oportunamente”.