La negociación paritaria de la Administración Pública Nacional pasó a un cuarto intermedio luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigiera una suma fija que eleve el salario mínimo estatal a $ 1.649.499, permitiendo compensar los ingresos menores y sentando también una nueva base para los futuros aumentos.

“Desde hace más de un año y de manera sistemática, el Gobierno vulnera el derecho constitucional a una retribución justa y continúa dilatando las negociaciones. Están jugando con las necesidades de los trabajadores y sus familias. El cuarto intermedio no contribuye a atenuar la protestas, por el contrario se trata de un accionar que lo único que genera es el crecimiento de la conflictividad en el Estado”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, luego de la paritaria realizada vía Zoom.

El monto a alcanzar con la suma fija surge del informe realizado por la Junta Interna de ATE Indec, que utiliza como base los datos oficiales del organismo, para establecer el salario mínimo (no el “óptimo” ni el deseable). Este valor se compone de $ 561.074 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $ 1.088.425 para acceder a otros bienes y servicios básicos.

“Debe existir un cambio en la lógica que han mostrado las negociaciones hasta ahora. Si no se incorpora una suma fija que permita, por un lado, aumentar los ingresos menores y, por el otro, elevar la base de cálculo para todos los incrementos, no habrá posibilidad de recuperar el poder adquisitivo perdido. Ya más del 70 % de los estatales nacionales cayeron por debajo de la línea de la pobreza y es preocupante el alto nivel de endeudamiento que tienen todos los hogares”, agregó el dirigente de ATE.

De cara a la continuidad del plan de acción, Aguiar adelantó: “Vamos a convocar a todas nuestras instancias orgánicas para definir la continuidad de nuestro plan de acción, y no descartamos una movilización a la próxima paritaria. El Gobierno debe concurrir con una propuesta seria que empiece a compensar el deterioro que hasta aquí han tenido todos los ingresos en el sector público”.

“Queremos que nuestros sueldos nos vuelvan a alcanzar para garantizar una vivienda digna, alimentación adecuada, vestimenta, salud, educación, previsión social y esparcimiento. No estamos exigiendo ningún lujo, solo una vida digna”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

Participaron de la reunión por parte del Gobierno: Enrique Pinedo y Marcelo Romano (Jefatura de Gabinete); y Paula Recalde Polari (Ministerio de por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado).

Los estatales enmarcados en el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 vienen sufriendo un fuerte deterioro de su poder adquisitivo en los últimos 14 meses: la negociación salarial quedó 44,4% por debajo de la inflación (aumentos de 73,3% frente a un IPC de 117,7%). Además, en los primeros dos meses del año los aumentos fueron de 1,5 y 1,2 por ciento respectivamente. Por eso, desde el sindicato informaron que convocarán a todas sus instancias orgánicas para la próxima semana y definir la continuidad del plan de acción.

Además, ATE dejó asentado la serie de exigencias para cuando se retome la próxima reunión paritaria, la cual el Gobierno se comprometió a convocar para mediados de marzo:

* Apertura de todos los convenios colectivos de trabajo sectoriales (CCTS), especialmente los más postergados;
* Jerarquización de funciones;
* Garantizar la continuidad de todos los procesos de regularización del empleo público – pases a planta permanente, destacando aquellos que llegaron a la instancia de orden de mérito;
* Cese de los despidos y reincorporación inmediata de todos/as los/as trabajadores despedidos/as a partir del 10 de diciembre de 2023;
* Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas;
* Cese al plan de fusión y cierre de organismos;
* Restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todos/as los/as trabajadores/as jubilados/as;
* Extensión de la moratoria previsional;
* Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que intenta cercenar el derecho peticionar a las autoridades;
* Cese de las políticas de amedrentamiento hacia los/as trabajadores/as estatales;
* Anulación del DNU 70/23, la Ley Bases y reglamentaciones y el Sistema de Evaluación Pública (SEP).