Un atleta paralímpico de alto rendimiento obtuvo un fallo favorable luego de demandar a un proveedor que nunca le entregó la silla de ruedas de competición que había comprado en mayo de 2023. Una jueza de El Bolsón confirmó que el demandado incumplió sus obligaciones y la condenó a pagar más de 15 millones de pesos en concepto de devolución del dinero, daño moral y daño punitivo.

El deportista de El Bolsón, representante de la Selección Argentina Juvenil de Atletismo Paralímpico, había gestionado la compra de una Top End Eliminator Cage OSRS Racing Wheelchair, diseñada para mejorar su rendimiento en competencias de alto nivel. La adquisición se realizó gracias a un aporte de 2.550.000 pesos otorgado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a fondos obtenidos a través de rifas y bingos.

Para concretar la operación, contactó a un intermediario que, según su propio testimonio, había hecho compras similares para otros atletas del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD). El 25 de mayo de 2023 transfirió 2.595.088 pesos al proveedor para la compra de la silla. Luego, entre noviembre y diciembre, realizó nuevos pagos por 1.457.300 pesos destinados al empaque, el envío y el traslado del producto.

El demandado le informó que la silla llegaría a Buenos Aires el 18 de febrero de 2024, pero el plazo se cumplió sin novedades. Desde ese momento, el vendedor dejó de responder los mensajes y llamadas. Ante la falta de respuestas, el atleta presentó una demanda y obtuvo una medida cautelar que obligaba al proveedor a entregar el producto antes del 5 de mayo de 2024. La orden judicial nunca se cumplió.

La falta de equipamiento impactó en su carrera. A pesar de haber sido convocado a distintas competencias nacionales e internacionales, su equipo técnico decidió que no participara hasta contar con la silla reglamentaria. En su testimonio, el atleta explicó que esta situación le generó angustia, frustración e incertidumbre sobre su futuro deportivo.

La jueza que intervino en el caso consideró que el demandado actuó con total desprecio por los derechos del deportista y que su conducta fue «engañosa y dolosa». En el fallo, señaló que “el incumplimiento de la entrega de la silla afectó directamente la dignidad, la autonomía y las oportunidades del demandante como atleta paralímpico, generando un perjuicio que excede lo meramente económico».

La magistrada advirtió que el daño ocasionado «tiene una trascendencia social innegable» y que «se trata de un atleta que depende de equipamientos específicos para su desarrollo profesional».

La sentencia ordenó el pago de 15.435.125 pesos en concepto de restitución del dinero abonado, daño moral y daño punitivo. También destacó que el demandado ignoró todos los reclamos y violó el derecho del consumidor a recibir información clara y veraz sobre su compra.