El fiscal Carlos Stornelli analiza llamados de la ex jueza de la causa, la ex titular del INAI María Magdalena Odarda y el Ejército. La causa hubo investiga si existió un plan para que el Ejército no apelara a tiempo un fallo que entregó tierras a un grupo mapuche.-

La Corte Suprema de Justicia tiene bajo su estudio una apelación del Ejército Argentino para intentar revertir una decisión judicial que dispuso la entrega a organizaciones mapuches de 180 hectáreas en donde se encuentra el área de instrucción de la “Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón”, en cercanías de San Carlos de Bariloche.

Pero en los tribunales de Comodoro Py se investigan los motivos que llevaron al Ejército a no apelar a tiempo esa resolución: el foco se posó ahora en el rol que tuvo la jueza de Bariloche (hoy jubilada) María Silvina Domínguez y en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante la gestión de Alberto Fernández, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

La entrega de tierras -ubicada en el faldeo suroeste del cerro Otto, a 12 kilómetros del centro de Bariloche, camino al cerro Catedral y a la margen norte del lago Gutiérrez- no se concretó. Fue una orden de la Corte Suprema que tuvo lugar en marzo del 2023.

“La decisión de ejecutar la sentencia en ese contexto no solo reviste gravedad institucional, sino que, además, pone de manifiesto la imperiosa necesidad de adoptar una medida que preserve la jurisdicción del Tribunal, evitando que se produzcan agravios de muy dificultosa reparación ulterior que impidan el dictado de una sentencia útil en la causa”, dijeron los ministros de la Corte, contra la resolución que ordenaba entregar los terrenos, pese a que regía una medida de no innovar.

“Podríamos estar frente a una acción o conjunto de acciones coordinadas y sistemáticas, deliberadamente pergeñadas, en distintos ámbitos de la Administración Pública – quizás en sus estamentos jerárquicamente superiores- que tendrían por designio favorecer a determinado grupo o grupos de personas u organizaciones delictuales que podrían tener vinculaciones con estructuras terroristas, internacionales o ligadas a la narco criminalidad”, dijeron el año pasado los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens . Fue al hacer lugar a una apelación de la fiscalía contra la decisión del juez Daniel Rafecas, que entendió que no existió delito.

Y en noviembre pasado, la Cámara Federal redobló ese criterio: dejó al borde del juicio oral un grupo de funcionarios, al procesarlos por incumplimiento de sus deberes. “Hubo una maniobra que dejó en estado de indefensión al Ejército Argentino”, sostuvo el fallo.

Los jueces ordenaron averiguar si eso respondió a una orden de las máximas autoridades de Defensa y de la Procuración del Tesoro de la Nación. El fallo expone además una paradoja: precisamente los únicos que con este escenario podían haber apelado era el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el organismo que, desde el Estado, representa a los mapuches y obviamente no lo hizo.

Sobre ese fallo, el fiscal Carlos Stornelli avanzó y le solicitó al juez Rafecas una serie de medidas de prueba: entre ellas, aparece el análisis del “legajo personal correspondiente a la jueza María Silvina Domínguez”, las circunstancias de su nombramiento como jueza subrogante del Juzgado Federal de Bariloche; y la remisión de copias de todas las sentencias e interlocutorios de mérito dictadas por los juzgados federales pertenecientes a la jurisdicción de General Roca vinculados a reclamos o pretensiones a favor o en contra de comunidades indígenas y/o en procesos penales vinculados a dichas comunidades. La jueza Domínguez se jubiló a inicios del 2023.

No es un detalle menor que, tal como reveló Infobae, los jueces analizaron en aquella oportunidad los mensajes de los funcionarios involucrados: “Ya me bajaron la orden de no apelar, cualquier cambio de rumbo le aviso”, decía una de las pruebas que analizó la Cámara Federal.

También están analizando los documentos que manejó para este caso el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a cargo de políticas sociales destinadas a los pueblos originarios y destinado a garantizarle a esos integrantes sus derechos “consagrados constitucionalmente”.

Se trata de la copia de todos los expedientes administrativos vinculados al caso que firmó Odarda y los antecedentes de su renuncia. El ex presidente Alberto Fernández había dispuesto su salida en agosto del 2022, en medio de la tensión originada con el gobierno de Río Negro por la conflictividad mapuche. (Infobae)