Los tributaristas opinan que, luego del último blanqueo del 2016, no hay confianza para que haya una exteriorización de activos por la suba de impuestos que se adoptó a contramano de lo que se había prometido; además, creen que le otorga facultades excesivas y discrecionales al Gobierno.-

El proyecto de ley presentado este lunes por senadores del oficialismo ya provocó críticas de la oposición y un pedido de colaboración de la vicepresidenta Cristina Kirchner a la Embajada de los Estados Unidos. Además, el Gobierno se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a no llevar adelante este tipo de iniciativas en el flamante acuerdo que convalidó el viernes el directorio del organismo en Washington.

Además, los tributaristas consultados por Infobae creen que la iniciativa es “inoportuna, generará una caza de brujas, inseguridad jurídica y poca recaudación”. En términos prácticos, varios recordaron que la AFIP todavía no ha podido avanzar demasiado en las determinaciones de oficio respecto de otra polémica iniciativa, el nuevo impuesto a la riqueza o aporte solidario, porque no resulta sencillo el cruce de información, pese a los mecanismos de “intercambio automático” con otros países (no con EEUU).

Por esta razón, el sorpresivo pedido de colaboración de la vicepresidente Cristina Kirchner a Estados Unidos suena voluntarista ya que el Internal Revenue Service (IRS) se ha negado a firmar un acuerdo de cooperación automática que involucre a inversores en ese país, aún en la etapa (de servilismo y) excelente relación política entre los gobiernos de Donald Trump y Mauricio Macri.

“En lugar de aprovechar el acuerdo con el FMI y generar políticas que atraigan inversiones y generen empleo, se lanza este proyecto que generará justamente lo contrario: menos inversiones y menos generación de empleo.

El proyecto prevé que se puedan liberar de otros impuestos en determinadas condiciones como una suerte de blanqueo, algo que el propio Gobierno indicó que no iba a hacer en el acuerdo con el FMI”, señaló el tributarista Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios.

“Es un blanqueo, no encubierto. Es a todas luces un blanqueo porque permite declarar bienes no exteriorizados y pagar un impuesto del 20% al 35%. A mi entender, es algo inoportuno. Y además ya existe un intercambio de información con 110 países donde están Uruguay, Panamá, Suiza y las Islas Vírgenes, por ejemplo, que son países donde puede haber activos de argentinos. Excepto de los Estados Unidos”, indicó el tributarista César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados.

Cecilia Goldemberg, socia de impuesto de Andersen Argentina, sentenció: “El proyecto es desafortunado, por inoportuno y por falencias estructurales. Es un blanqueo porque permite exponer activos sin pagar las obligaciones tributarias omitidas oportunamente con una tasa de 20% o del 35% según la oportunidad en la que se efectúe la exteriorización”.

“Lo llamativo y reprobable es que este blanqueo en lugar de instar a la exteriorización voluntaria, recurre a la figura del colaborador incentivando la caza de brujas, es decir que quienes tengan información de personas presuntamente titulares de los patrimonios evadidos en el exterior la denuncien para recibir un premio equivalente al 30% de lo recaudado.

Digamos que es el cómo y no el qué, lo que más molesta. Es el aspecto que incorpora una cultura de persecución. Que tenga fines nobles como identificar a quienes incurrieron en delitos no justifica el incentivo a las peores prácticas sociales. Ocurre que no están dadas las posibilidades para un blanqueo voluntario, mucho menos después de haber incrementado exageradamente la alícuota del impuesto a los bienes personales”, precisó.

Para el tributarista Iván Sasovsky, fundador y CEO de Expansión, el miedo es el principal motor del proyecto. “Los blanqueos del kirchnerismo nunca tuvieron la recaudación esperada, por eso el proyecto se basa en instalar el miedo. La redacción promueve premiar a quienes colaboren con hasta un 30% de la recaudado y el intercambio de información internacional. Si Estados Unidos no colabora, el proyecto nace muerto.

Pero los intereses de cobrarle a la Argentina la deuda por parte de FMI pueden ser una llave sustancial para que este proyecto tenga algún efecto. Biden recurre a mecanismos similares, y está creando impuestos nunca antes vistos”, señaló.

En tanto, el abogado experto en impuestos Diego Fraga consideró que la iniciativa “le da al Gobierno un peligroso poder de fuego sobre ‘presuntos evasores’ que avasalla derechos y va por encima de los demás poderes, muy propio de regímenes autoritarios, aunque con la finalidad noble de combatir la evasión”.

De acuerdo a estimaciones citadas en el Staff Report dado a conocer por el equipo del FMI el viernes pasado tras la aprobación del acuerdo en el directorio del organismo, habría unos USD 370.000 millones en activos de ciudadanos argentinos en el extranjero (entre os cuales destacarían los que permitió fugar Macri). Además, en ese informe dedicó algunos párrafos a la cuestión tributaria, que dejan saber qué piensa el Fondo al respecto. (Fuente: Infobae)