El secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano, Claudio Otano, presentó formalmente ante el Ministerio Público Fiscal, una denuncia para que se investigue el posible delito de desobediencia a las órdenes impartidas por funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones conforme al Código Penal.

Esto es contra el propietario de un inmueble ubicado en la avenida Exequiel Bustillo 4400, y contra el profesional en arquitectura Ricardo Lerchundi y/o quienes resulten responsables por diversos hechos.

Estos hechos denunciados tienen como contexto, la ejecución de una obra edilicia en el inmueble, sin los permisos municipales correspondientes y que advertida tal circunstancia, los denunciados han desoído las órdenes que reiteradamente se impartieron para instar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

Se exige el cese de tal conducta, habiéndose verificado reiterados y arteros incumplimientos que se traducen en un comportamiento reprochable e inusitado por parte de los denunciados.

En la denuncia se describió el extenso derrotero donde el Municipio en febrero de 2022 se limitó a autorizar el cerco de obra, obrador, señalización, preparación del terreno, movimiento de suelo, replanteo y armado de hierros. Sin embargo, en el mes de mayo a través de una inspección en el lugar, se constataron otros trabajos realizados como cimientos, mampostería, hormigón, estructura metálica y que no se condecían con el proyecto.

Allí, se paralizaron las obras, bajo apercibimiento. Posteriormente, el arquitecto aceptó que se sobrepasó la autorización original emitida en el mes de febrero. En el mes de junio, se constató que no se dio cumplimiento a la paralización de la obra y nuevamente se dispuso la paralización de los trabajos. El arquitecto intentó renunciar a la obra, pero de acuerdo a las irregularidades presentadas, la Dirección de Obras Particulares no aceptó ni dio curso a la renuncia presentada.

A fines de junio de 2022 el juez de Faltas Gustavo Contín ordenó la inmediata paralización de los trabajos, ratificando el acta municipal, bajo apercibimiento de proceder a la clausura total de la obra y ordenar la demolición de todo lo construido sin autorización municipal. El 30 de junio, se clausuró la obra.

Sin embargo, la obra continuó desarrollándose y sobrepasó lo dispuesto en el plano de implantación. Se volvió a ordenar la paralización de la obra y se constató que se violó la clausura dispuesta por el Tribunal de Faltas.

En los fundamentos de la denuncia, Otano expuso que “todo lo expuesto da cuenta indubitada de la conducta de los denunciados, reprochable penalmente en cuanto han desacatado de forma sistemática las órdenes municipales, vulnerando el orden público”.

“El accionar de los denunciados ha requerido un dispendio incalculable de recursos municipales que han tenido como único fundamento requerir el cumplimiento de la normativa vigente en nuestra ciudad. Ninguna orden municipal fue debidamente respetada por los denunciados y a la fecha persiste tal circunstancia, siendo elemental acudir a vuestro Ministerio”, se agregó.

“Asimismo, cabe exponer que conductas como las descriptas compromete seriamente la paz social y la convivencia vecinal siendo que no resulta tolerable el avasallamiento permanente de las normas, máxime cuando se han visto afectados bienes de dominio público”, expone el texto de la denuncia penal.