El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) denunció hoy al gobierno de Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por impulsar y poner en marcha “una regresiva reforma laboral que provoca un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX”, que “ataca la jornada de 8 horas”, “restringe el derecho a huelga, ataca a las organizaciones sindicales y busca tener jornadas laborales más extensas y salarios más bajos”.

Fue durante la audiencia que se realizó en Washington, en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias del órgano internacional. Además, el FreSU denunció la existencia de una política de persecución política y disciplinamiento “cuyo ejemplo más cabal es la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)” y “la persecución mediática, gremial, jurídica y personal” desplegada por funcionarios del gobierno contra el secretario general de Pilotos (APLA), Pablo Biró.

“El espíritu de esta reforma es beneficiar sólo a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad a partir de una mayor explotación. Jornadas más extensas y salarios más bajos”, dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, al iniciar la exposición por parte del FreSU, que solicitó la audiencia junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Participaron también representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas, Mariana Amartino y Matías Cremonte, y el presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), Juan Orsini.

Agregó: “Aquello que sostuvo la OIT sobre que el trabajo no es una mercancía se transformó en letra muerta. Con esta reforma, estamos frente a un régimen de compraventa de la fuerza de trabajo. En la Argentina, enfrentamos un ataque al Estado de Derecho, a la democracia, a la Constitución Nacional y al sistema interamericano de derechos humanos. Por eso es que esta comisión debe actuar”.

Luego, la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, precisó que, como parte de esa política de destrucción de los derechos laborales, “el gobierno nacional produjo una desregulación de los precios fundamentales para la vida, como las tarifas de transporte, telefonía celular, internet, luz y gas. Todo eso produjo una caída del salario que tiene un impacto directo e indirecto sobre las mujeres.”

“Estamos viviendo una brutal disputa por el tiempo. Mientras la reforma laboral ataca una de las conquistas fundacionales como la jornada de 8 horas, instalando un banco de horas flexible, que borra los límites entre lo personal y lo laboral, debemos recurrir a varios empleos para poder sostener la vida”, dijo Chevalier y subrayó: “Esta pobreza de tiempo impacta de manera asimétrica sobre las mujeres, provoca una crisis sobre los cuidados y desorganiza los hogares”.

Al abordar la persecución política a sindicalistas y sindicatos, Biró sostuvo: “El Estado me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal por ser el secretario general de la Asociación de Pilotos. Se trata de una campaña abierta y pública de difamación llevada adelante por funcionarios del gobierno, utilizando la aplicación Mi Argentina o las carteleras de las estaciones terminales. Usaron todos los recursos del Estado. Me imputaron delitos penales, me hicieron saber que perseguían a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, y tuve que presentar un habeas corpus preventivo”.

Biró también señaló: “El gobierno impulsó denuncias y multas multimillonarias contras organizaciones sindicales como las que hicieron a los compañeros de La Fraternidad, la UTA, la Asociación de Personal Aeronáutico o las acciones judiciales contra 170 trabajadores del subte”.

Ante las exposiciones de los solicitantes de la audiencia, los comisionados de la CIDH hicieron algunos cuestionamientos y solicitaron explicaciones a los representantes del Gobierno argentino por los modos y las irregularidades a la hora de implementar la reforma laboral. Y, ante esas preocupaciones, Cremonte precisó que “la regresión es tal que se ha excluido un derecho fundamental del derecho del trabajo que es el de justicia social, se creó el banco de horas y se le da preeminencia a la voluntad para que los trabajadores pueden ahora decidir, en una relación totalmente desigual, tener peores condiciones laborales. Eso es, ni más ni menos, que la negación del derecho del trabajo, que se creó para proteger a quien está en desventaja”.