En el marco de las permanentes mentiras, en el Ministerio de Defensa hoy hubo despidos en distintas dependencias, pero las áreas que tuvieron mayor cantidad de despidos son los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de Archivos de las Fuerzas Armadas y el Equipo del Sistema de Archivos para la Defensa, dependientes de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, los cuales fueron desmantelados y cerrados los programas a los que pertenecían.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de ATE Nacional denunciamos que en el día de la fecha se informó la decisión del ministro de Defensa Luis Petri, del Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, general (R) Claudio Pasqualini y del Director Nacional de Derechos Humanos Lucas Erbes de despedir a 10 de lxs 13 trabajadorxs de esas áreas, de terminar con los Programas de la Dirección vinculados a Archivos y de la derogación de las Resoluciones N° 308/2010 y la resolución N° 1573/2023 que les otorga un carácter permanente a los mismos y la resolución N° 1131/2015 que crea y reglamenta el Sistema de Archivos de la Defensa.

Estas decisiones significan poner fin a una política pública de promoción y protección de los Derechos Humanos y de fortalecimiento democrático de las Fuerzas Armadas que se inició en 2006 y que se mantuvo ininterrumpidamente desde entonces y durante diferentes gestiones ministeriales.

En el marco de dicha política, y en contribución con los compromisos internacionales y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia del Estado nacional, los Equipos de Relevamiento y Análisis documental trabajan desde hace 13 años para dar respuesta a requerimientos del Ministerio Público Fiscal y de distintas dependencias del Poder Judicial en el marco de causas por delitos de Lesa Humanidad, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, llevan adelante proyectos destinados a ampliar el acceso de la sociedad en su conjunto a los Archivos de las Fuerzas Armadas.

La tarea de los ERyA ha sido reconocida regional e internacionalmente por ser un caso paradigmático de tarea de archivo realizadas por civiles en dependencias de las FFAA, que permitieron el aporte a causas judiciales que investigan delitos de Lesa Humanidad en todo el país cometidos en períodos de interrupción democrática, y también para la implementación conjunta de normalización y modernización archivística.