Un hombre identificado como Alejandro Arévalo, apoyado en otras personas aún no identificadas, se ganaron la confianza de un hombre que por entonces tenía 80 años y una enfermedad oncológica. Aprovecharon su condición vulnerable, para avanzar en la administración de todos sus bienes, hasta que finalmente obtuvieron en donación, mediante escritura pública, todos los bienes del anciano, que falleció pocas semanas después de haber firmado ante un escribano la cesión gratuita de sus propiedades.

De acuerdo a la presentación realizada por el sobrino del anciano fallecido, el autor del hecho y sus colaboradores, aislaron a la víctima de todo su entorno, especialmente de su sobrino, único pariente directo en la ciudad, impidiendo el contacto y la posibilidad de conocer cuál era su estado antes del fallecimiento. Según la presentación, las restricciones durante la pandemia del Covid-19, generaron el espacio propicio para que las personas denunciadas concretaran ese impedimento de contacto.

La presentación de los abogados Marcos Botbol y Juan Manuel Ruggli, atribuye los delitos de defraudación reiterada, apropiación indebida, hurto, presunto abandono de persona, presuntas lesiones graves, muerte dudosa y presunta asociación ilícita, y/o los delitos que se hubieran configurado en relación al fallecimiento de un anciano y el destino de todos sus bienes, que fueron donados antes de la muerte mediante una escritura pública, que también fue objetada por parte de los letrados.

El fiscal Inti Isla revisó el caso planteado y desestimó la denuncia, por lo que los letrados plantearon la conversión de la acción pública en privada, para impulsar autónomamente la investigación, que todavía no logró plasmarse en una formulación de cargos. Según los registros, próximamente habrá una audiencia en la que los querellantes pedirán una prórroga de la etapa de averiguación preliminar de los hechos, para poder presentar la acusación formalmente.

La fiscalía desestimó la denuncia presentada, pero el juez de Garantías, Juan Pablo Laurence, aceptó la conversión de la acción pública en privada, por lo que ahora la querella impulsa la investigación de manera autónoma.

El escrito presentado por la querella, demandó la producción de numerosas pericias, la remisión de oficios, para en definitiva investigar diversos posibles delitos cometidos, a los que se agrega una posible administración fraudulenta, desbaratamiento de derechos como forma de defraudación, ocultamiento de bienes, hurto, asociación con terceros para cometer ilícitos y mucho más, todo ello respecto de una persona en estado de invalidez e incapacidad física y psíquica.

TODA UNA BATERIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Entre esas medidas se destaca el pedido de exhumación del cadáver y realización de autopsia, pedidos de informes al Registro de la Propiedad Inmueble, para que indique todos los bienes inmuebles que se encuentran o encontraban registrados a nombre del occiso y el historial de transacciones sobre esos inmuebles.

Asimismo la citación de testigos y el pedido de informes a entidades bancarias de la ciudad para conocer la existencia y destino de cajas de ahorros, plazos fijos, cajas de seguridad, colocaciones en acciones o inversiones de bolsa y todo movimiento registrado, así como también el registro de cámaras de seguridad de la zona en la que residía en fallecido, para intentar determinar la identidad de las personas que ingresaban y salían de su domicilio durante el período de tiempo en el que el hombre fue aislado de su familia.