Un fallo laboral dio por acreditadas múltiples situaciones de maltrato y hostigamiento en la delegación municipal El Cóndor de nuestra ciudad. Cuatro empleados denunciaron que fueron objeto de amenazas, represalias, gritos y restricciones arbitrarias. La Cámara Primera reconoció la existencia de violencia institucional, impuso medidas de reparación y señaló la responsabilidad compartida de la Municipalidad.

El conflicto se originó en la Delegación, donde el clima laboral comenzó a deteriorarse tras el nombramiento de un nuevo delegado. Según el expediente, su modo de conducción derivó en un trato discriminatorio hacia parte del personal, con prácticas que incluyeron sanciones sin sustento, vigilancia interna y exclusión del espacio de trabajo.

Los denunciantes —tres empleados de planta y una trabajadora contratada— aportaron relatos coincidentes sobre la imposibilidad de acceder a las oficinas, restricciones para tomar refrigerios y la negativa sistemática de licencias o tareas adicionales. En varios casos, se documentaron represalias tras participar en asambleas convocadas por el sindicato municipal.

Una de las situaciones más graves fue la de la empleada contratada, que recibió advertencias directas sobre su continuidad laboral. Según la sentencia, el funcionario ingresó sin previo aviso a su oficina para decirle que si seguía hablando con ciertos compañeros, no se le renovaría el contrato. Poco después se confirmó: no se le renovó el vínculo mientras atravesaba una licencia médica por un cuadro de estrés relacionado con su entorno de trabajo.

Otro trabajador, con más de tres décadas de servicio, fue desplazado de su función sin explicación formal. Aunque un sumario lo absolvió, no se le restituyeron sus condiciones laborales previas. Desde entonces, debía permanecer fuera del edificio, sin acceso a sanitarios ni lugar de resguardo, incluso en pleno invierno.

Durante el juicio, testigos confirmaron la existencia de un esquema de exclusión dentro de la delegación. Las órdenes no se transmitían directamente sino a través de terceros, y cualquier señal de reclamo o participación gremial era seguida por sanciones informales. Un informe social incorporado a la causa respaldó las denuncias.

La Cámara calificó los hechos como violencia laboral e institucional. Señaló que las conductas denunciadas no fueron aisladas ni circunstanciales, y que la Municipalidad incumplió su deber de garantizar un entorno laboral sano y respetuoso. La sentencia incluye medidas preventivas y de no repetición.

El delegado deberá completar una capacitación formal en violencia laboral y de género, ofrecer disculpas por escrito a los empleados afectados y canalizar futuras comunicaciones a través de jefaturas intermedias. Además, se ordenó a la Municipalidad capacitar a todo el personal de la delegación e implementar protocolos para tareas, licencias y horas extras. La sentencia de primera instancia no está firme y puede ser apelada.