Un coronel retirado del Ejército fue detenido y acusado de ser parte de un armado destinado a traficar drogas a Europa. Para diseñar el plan, el militar, especializado en inteligencia, se contactaba con personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), según reconstruyeron en la justicia federal de San Isidro. El hombre sabía que estaban investigando a sus compinches: según la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, la investigación sufrió dos fugas de información —una vinculada a la PSA y otra a la Policía Federal Argentina (PFA).

La justicia llegó al coronel retirado Pablo Guillermo Quiroga a través de una serie de mensajes detectados después de la detención de Martín Asci, una persona con frondosos antecedentes en el tráfico de estupefacientes. Asci supo estar en varias oportunidades en las noticias, sobre todo en 2019, cuando no solo lo encontraron con drogas de diseño, sino que también se conoció que vivía en Nordelta y hasta tenía un yate.

El 29 de mayo del año pasado, el fiscal federal Fernando Domínguez pidió que se extrajera la información que surgía de los chats de Asci y que vinculaba a Quiroga —quien aparecía como “Pablo” en los mensajes— con el tráfico y la comercialización de estupefacientes.

La hipótesis de la justicia federal de San Isidro es que todos ellos, entre el 31 de enero y el 8 de marzo de 2024, integraron una organización criminal cuyo objetivo era sacar droga del país, oculta o disimulada, en aviones de línea. Para eso, debían eludir el control aduanero.

Según surge de los intercambios, el plan era enviar droga al aeropuerto Charles de Gaulle, de París. En algún momento, la banda mantuvo conversaciones con alguien llamado “Salty”, que escribía en inglés y estaría afincado en Australia. Al poco tiempo, “Salty” dejó de comunicarse y barajaron la hipótesis de que había sido detenido.

En los chats, Asci y sus compinches se mostraban interesados en que Quiroga viera unas fotos de cómo deberían salir las sustancias del país. “Mínimo 10 unidades”, escribían. Él, en general, reportaba encuentros con personas de la PSA.

Al momento de allanarlo, a Quiroga le encontraron cuatro armas de guerra: una pistola marca Hafdasa con una inscripción del Ejército Argentino, una pistola Colt, un revólver calibre .38 marca Detective Special y un subfusil marca PA3-DM. También tenía un arma de fuego de uso civil que no le pertenecía: una pistola calibre .22 marca Tala.

En sus descargos, Quiroga buscó negar las reuniones con personal de la PSA. Sostuvo que eran mensajes que le enviaba a Asci porque quería “entretenerlo” y evitar que volviera a involucrarse en la venta de drogas. Dijo —palabras más, palabras menos— que le mentía para que se concentrara en la compra y venta de autos.

Quiroga intentó también explicar a qué gestiones se refería en los intercambios. Allí la explicación fue aún más inverosímil: dijo que estaba en tratativas con un vecino para la venta de un Fiat 500. En el juzgado de Sandra Arroyo Salgado hicieron una búsqueda en todos los chats para ver si en algún momento había una referencia al auto, pero no encontraron resultado alguno, como puede leerse en el procesamiento que la jueza dictó el 15 de diciembre pasado y que tomó estado público en las últimas horas a partir de una publicación del diario Clarín.

Quiroga debió ampliar su indagatoria por la tenencia de armas. Dijo que pertenecían a un odontólogo, amigo de su hermano, que quería deshacerse de ellas porque tenía problemas de salud y estaba mayor. Según la versión del coronel retirado, esta persona había tenido instrucción en la Prefectura Naval Argentina (PNA) y había servido como profesional de la salud en el Ejército.

Quiroga sostuvo que el odontólogo le entregó las cinco armas en un plazo de dos meses con el objetivo de que él iniciara los trámites para la tenencia en el exRenar, que funcionaría en el Regimiento de Infantería I Patricios. De acuerdo con su versión, pasó el tiempo y él viajó a Perú por razones de trabajo. A su regreso, terminó detenido por orden de Arroyo Salgado.

La jueza procesó a Quiroga por confabulación –dado que el tráfico no habría llegado a concretarse– y por tenencia ilegítima de armas. Convirtió su detención en prisión preventiva y le trabó un embargo por 100 millones de pesos. La suma no es demasiado elevada para el coronel que vivía en el barrio Los Castores de Nordelta.

Quiroga, según explicó en el juzgado, tiene participación en la empresa Código Q SA, que se dedica a investigaciones privadas de todo tipo, según surge de su página web: infidelidades, antecedentes, búsqueda de personas, fraude, competencia desleal, pruebas para litigios y localización de testigos.

El coronel retirado es defendido por un abogado con vínculos con los servicios. Se trata de Raúl Alberto Rosa, quien se presenta como exdirector de Casos Especiales de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).