Toto Caputo echó al secretario de Transporte, Luis Pierrini (foto), tras una denuncia por corrupción que involucra una estafa con los fondos de la tarjeta SUBE. El perjuicio al Estado se calcula en 30 mil millones de pesos mediante la alteración de datos técnicos del sistema de pago electrónico.

Acorralado, el funcionario de origen mendocino no se esforzó mucho por disfrazar su salida y argumentó «motivos personales» para dejar el cargo. Pero lo cierto es que el ministro de Economía decidió echarlo luego que se revelara una supuesta estafa de la empresa de colectivos La Nueva Metropol de la familia Zbikoski, que le habría causado al tesoro un perjuicio de 3 mil millones de pesos mensuales durante la gestión de Pierini.

El ministro Caputo contó con el aval de Karina Milei para echar a Pierini y ahora avanzaría sobre el control de toda el área aerocomercial, donde la pasividad del gobierno ante el desastre de la empresa Flybondi de Leonardo Scaturicce, ya es insostenible.

Pierini llegó al gobierno de Milei de la mano del ex titular de ARCA, Juan Pazo, que lo conocía del mundo del seguro que ambos compartían. Pierini era presidente de Triunfo Seguros, una empresa fuerte en la zona de cuyo.

El arquitecto Fernando Herrmann fue elegido como reemplazante de Pierrini. Hermann viene de la actividad privada donde siempre se dedicó a la arquitectura y no tiene ninguna experiencia en transporte, como su antecesor.

La Asociación Arco (Arco Social) fue quien destapó el caso, al presentar una denuncia penal contra Caputo y el ahora ex secretario de Transporte «por presuntas maniobras irregulares en el sistema de subsidios al transporte automotor de pasajeros en el AMBA, que podrían haber provocado un perjuicio multimillonario al Estado nacional».

La maniobra consistía en realizar un corrimiento artificial de validaciones desde tramos cortos a tramos largos en el sistema de la tarjeta SUBE. Eso provocaba un aumento en el monto de los subsidios percibidos por determinadas empresas, «sin correlato real en pasajeros transportados ni en kilómetros recorridos», sostiene la denuncia de Arco Social.

Alejandro Sebastián Díaz Pascual, integrante de Arco Social, explicó que en diciembre de 2025 «existieron advertencias técnicas formales presentadas por cámaras empresarias del sector ante la Secretaría de Transporte» sobre estas maniobras, sin que «se hayan adoptado medidas correctivas o de auditoría efectivas».

Pascual remarcó la «responsabilidad por omisión funcional de las autoridades estatales encargadas de la supervisión, aprobación y ejecución presupuestaria de los subsidios, en particular del Ministerio de Economía».

El caso fue revelado por La Nación, que en un artículo de Diego Cabot señaló que la empresa La Nueva Metropol alteraba los boletos de los pasajeros para cobrar por recorridos más largos de los que efectivamente realizaba. Eso implicaba cobrar mayores subsidios.

Desde La Nueva Metropol desmintieron la maniobra y acusaron al Grupo Dota, que controla el 50% de los colectivos del AMBA de incentivar la denuncia. (LPO)