El Estado provincial deberá indemnizar a una docente de Bariloche por los perjuicios ocasionados luego de un prolongado sumario administrativo que la mantuvo apartada de sus funciones durante más de dos años. El fallo, emitido por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche ratificó que la demora y la falta de resolución en los procedimientos administrativos vulneraron los derechos laborales de la trabajadora.

En 2012, la docente fue separada transitoriamente de su cargo debido a un sumario administrativo. Durante este tiempo, no solo se le impidió asumir el puesto de vicedirectora que había ganado por concurso, sino que también quedó excluida de la posibilidad de concursar horas cátedra adicionales. El trámite disciplinario se prolongó sin resolución hasta 2014, cuando un fallo judicial ordenó su cierre por excesiva dilación.

La docente reclamó ante la justicia, argumentando que la suspensión no solo le generó un daño económico, sino también una pérdida de oportunidad profesional y un profundo perjuicio moral. La sentencia de primera instancia, emitida en 2023, condenó al Estado a indemnizarla por los daños sufridos.

Sin embargo, el Ministerio de Educación apeló la decisión. Argumentó que la trabajadora no había cumplido con ciertos requisitos administrativos, como renunciar a sus horas cátedra, y que ello fue el verdadero impedimento para asumir el cargo.

La Cámara revisó el fallo de primera instancia y desestimó los argumentos de la Provincia y confirmó la condena. Según el tribunal, el inicio del sumario y la separación transitoria de sus cargos fueron los factores reales que le impidieron asumir la vicedirección.

Además, destacó que la docente no tuvo oportunidad material ni razonable para cumplir con las formalidades exigidas, ya que el receso escolar y la posterior suspensión dificultaron cualquier acción en ese sentido.

El tribunal subrayó que la demora injustificada y la falta de resolución del sumario constituyen una irregularidad grave por parte del Ministerio de Educación, que afectó no solo la carrera profesional de la docente, sino también su integridad emocional.

La sentencia confirma que el Estado deberá indemnizar a la docente por la pérdida de chance, es decir, la probabilidad frustrada de mejorar su situación laboral al no poder asumir el cargo de vicedirectora ni participar en concursos de horas cátedra. También reconoce el daño moral derivado de la incertidumbre y la afectación emocional que le causó el proceso.