El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió un conflicto de poderes en la municipalidad de Allen, en el que se enfrentaron el intendente y el Concejo Deliberante por la fijación de tasas municipales. El fallo se dictó con remisión al dictamen del Procurador General de la provincia, quien concluyó que la competencia en materia impositiva corresponde al Concejo Deliberante y que el Ejecutivo municipal había excedido sus atribuciones.

El conflicto comenzó cuando el intendente promovió una acción judicial contra el Concejo Deliberante con el objetivo de requerir la nulidad de la Ordenanza 88/2024. Esta norma disponía recalcular las tasas municipales del año fiscal en curso y restablecer el esquema de vencimientos bimestrales previsto en la Ordenanza 110/2023. El Ejecutivo municipal consideró que la medida alteraba el presupuesto sin su intervención y constituía una invasión de competencias.

En diciembre de 2023, el intendente había observado lo que consideró una contradicción en las ordenanzas impositivas vigentes. En consecuencia, dictó la Resolución 2052/23, en la que vetó parcialmente la Ordenanza 110/2023 y modificó el calendario de vencimientos para que los pagos se realizaran en 12 cuotas mensuales. Posteriormente, la presidenta del Concejo Deliberante aceptó la modificación mediante la Resolución 001/2024.

El Procurador General advirtió que el procedimiento utilizado no cumplió con los requisitos de la Carta Orgánica Municipal. Señaló que el veto parcial de la ordenanza no siguió el trámite legislativo correspondiente y que la resolución de la presidenta del Concejo fue dictada sin la intervención del cuerpo deliberativo en sesión formal. Además, la Resolución 18/2024 del Ejecutivo no se publicó en el Boletín Oficial, por lo que no tenía vigencia legal.

En septiembre de 2024, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 88/2024 para corregir lo que consideró una aplicación irregular de los tributos municipales. El Ejecutivo la vetó totalmente mediante la Resolución 1654/2024, pero el Concejo insistió en su sanción con la Ordenanza 98/2024.

El STJ resolvió la cuestión con remisión al dictamen del Procurador General, quien sostuvo que la normativa local otorga al Concejo Deliberante la facultad exclusiva en materia impositiva. En consecuencia, el fallo declaró la nulidad de las resoluciones dictadas por el intendente y la entonces presidenta del Concejo, al considerar que excedieron sus atribuciones.

De esta manera, la sentencia reconoció la validez de las ordenanzas impositivas sancionadas en 2023 y determinó que cualquier modificación del esquema tributario debe realizarse respetando el procedimiento legislativo establecido en la Carta Orgánica Municipal de Allen.