Los legisladores del bloque Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE) presentaron un proyecto de Comunicación dirigido a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, en el que solicitan que se abstenga de poner en marcha cualquier proceso de auditoría sobre las pensiones por invalidez laboral que vulnere la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La iniciativa también está dirigida al Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro y al Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, con el fin de que se pongan a disposición todas las herramientas necesarias para garantizar el acompañamiento de las personas con discapacidad y asegurar la continuidad de las pensiones ante los cambios propuestos por la ANDIS.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores mencionan que la reciente modificación del Decreto 843/24, que cambió los requisitos para acceder a pensiones por invalidez laboral, ha afectado a más de un millón de personas en todo el país, pero además, la falta de regulaciones claras ha provocado confusión y caos.

“Este es un atropello más del gobierno de Javier Milei y de la dirección de la ANDIS, que está vaciando cruelmente los derechos de las personas con discapacidad», expresó la legisladora Ana Marks, quien también subrayó que no se ha detallado la metodología ni las medidas de accesibilidad, generando incertidumbre en los beneficiarios.

La parlamentaria puso el ejemplo de San Carlos de Bariloche, ciudad en la que se enviaron citaciones a lugares inapropiados, sin la accesibilidad necesaria para recibir a una persona con discapacidad -como un establecimiento privado de cabañas turísticas- para presentar la documentación médica.

La iniciativa resalta que la falta de planificación es tal, que provocó que cientos de beneficiarios reciban citaciones a corto plazo, con la obligación de actualizar documentación médica sin considerar sus dificultades para hacerlo, lo que refleja la falta de empatía y planificación por parte de las autoridades nacionales.

Por otra parte, Marks afirmó que el desfasaje entre las pensiones por invalidez laboral y el costo de vida es alarmante: “Las personas con discapacidad no pueden seguir viendo cómo se recortan sus derechos, sin que se les garantice un proceso transparente y justo».