Nota de opinión de Roberto Mandado (*): La Argentina atraviesa una disyuntiva decisiva: federalismo o dependencia. En Río Negro se repite con insistencia que hay que “defender a los rionegrinos”, pero esa defensa se vacía cuando los representantes de Juntos Somos Río Negro terminan alineados a acuerdos reservados con el poder central a cambio de promesas inciertas.

Hoy Javier Milei gobierna con reflejos de emperador: concentra decisiones, reparte recursos como premios y castigos, paraliza obras públicas y condiciona el voto de legisladores a cambio de oxígeno financiero. Esa dinámica erosiona la República Federal y deja a las provincias sometidas al humor presidencial.

Todo sucede sobre una sociedad muy distinta a la que vio nacer al peronismo industrial: trabajadores formales e informales, cuentapropistas, profesionales precarizados, pymes que pelean por sobrevivir y una economía popular que resiste mientras sectores financieros logran rentas sin producir. Gobernar con favores y discrecionalidad fiscal no es defender: es condenar a las provincias a la dependencia y a la ciudadanía a la frustración.

La realidad actual lo demuestra con crudeza. En 2024, el Gobierno nacional recortó más del 80 % de las transferencias discrecionales a provincias —más de $1,3 billones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso— y paralizó más del 60 % de las obras nacionales en ejecución en Río Negro, afectando rutas, viviendas y hospitales.

En ese contexto, Juntos Somos Río Negro sostiene que “defiende” a la provincia, pero sus representantes en el Congreso votaron leyes nacionales —como la Ley Bases y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)— negociadas en silencio por Weretilneck, sin explicar a la ciudadanía qué se entrega y qué se obtiene.

Estas decisiones no fortalecen a Río Negro: implican menos recaudación, mayor dependencia de fondos discrecionales y una pérdida de capacidad para sostener servicios e infraestructura. Es una estrategia que ata el futuro provincial a los intereses del Ejecutivo nacional.

El núcleo del problema es la coparticipación federal. La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 2, ordenó en 1994 sancionar una nueva ley-convenio con criterios objetivos y transferencia automática de fondos. Treinta años después seguimos regidos por un régimen “provisorio” —la Ley 23.548 de 1988— que permite al poder central condicionar recursos y disciplinar provincias.

Como explica la politóloga Tulia G. Falleti en Decentralization and Subnational Politics in Latin America (Cambridge University Press, 2010), “el federalismo argentino se ha transformado en un sistema donde los gobernadores negocian supervivencia financiera a cambio de apoyo político, debilitando la idea de una república verdaderamente federal”. Mientras ese mandato constitucional siga incumplido, el federalismo será un discurso hueco y cualquier presidente podrá actuar como emperador fiscal.

A esa debilidad estructural se sumó la política de descentralización menemista de los años 90. La Nación transfirió a las provincias responsabilidades centrales —educación, seguridad, salud— sin los recursos correspondientes. Ese traspaso desordenado multiplicó obligaciones y desequilibrios fiscales, convirtiendo a los gobernadores en administradores de carencias y profundizando la dependencia del poder central para pagar salarios, sostener servicios y financiar obras. Desde entonces, cada presidente ha podido disciplinar políticamente a las provincias mediante premios y castigos presupuestarios.

Desde una visión peronista, sabemos que no hay justicia social ni soberanía política sin independencia económica ni sin un verdadero federalismo. Nuestra historia lo confirma: cuando el país recupera autonomía, puede decidir su destino. Néstor Kirchner canceló la deuda con el FMI para fortalecer la decisión propia; Cristina Fernández continuó el desendeudamiento y defendió la producción nacional frente a condicionamientos externos.

Hoy el desafío es ampliar esa mirada: no basta con la macroeconomía; hay que construir un pacto federal, social y productivo que dé previsibilidad y horizonte a quienes trabajan y producen, convoque a las pymes, a la economía popular, a los profesionales y a las clases medias vulnerables, y garantice que ninguna provincia vuelva a depender de la discrecionalidad presidencial para sostener servicios básicos o infraestructura.

Tres compromisos son urgentes:
• Coparticipación justa y blindada, con coeficientes transparentes, remisión automática y una cláusula que impida condicionar fondos a obediencia legislativa. Cumplir la Constitución es el primer paso para que ninguna provincia deba mendigar recursos.
• Reglas fiscales responsables, que limiten el endeudamiento sin respaldo productivo y prioricen infraestructura y desarrollo.
• Instituciones vivas y una sociedad activa, porque la República no se defiende sólo con leyes: se sostiene con ciudadanía informada y dirigentes que hacen respetar al Congreso, la Justicia y los gobiernos locales.

Río Negro necesita representantes que expliquen y defiendan con claridad qué votan y por qué, no acuerdos silenciosos que comprometen el futuro provincial a cambio de beneficios inmediatos. El federalismo no es una bandera partidaria; es un reclamo de cualquier ciudadano que quiere producir, trabajar y vivir con dignidad sin depender de la discrecionalidad presidencial.

La Argentina necesita menos consignas vacías y más federalismo verdadero. Un federalismo capaz de equilibrar poder, cumplir la Constitución y dar un horizonte común donde ningún presidente gobierne como emperador y donde las provincias tengan voz y recursos para decidir su desarrollo. Ese es el camino que debemos construir: un país productivo, justo y profundamente federal, donde la defensa de Río Negro y de cada provincia sea real y no un eslogan.

(*) Roberto Mandado – Politólogo – Sec. Legislativo del bloque Vamos con Todos en el Concejo Deliberante de Viedma