Nota de opinión de Roberto Fermin Bertossi (*): Conforme al artículo 42 y concordantes de nuestra Constitución Nacional “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”

Consecuentemente en Argentina, todas las personas tienen derecho a:

a) Obtener prestaciones y servicios públicos de calidad, efectivos para satisfacer sus necesidades y en plazos adecuados.
b) Manifestar su queja ante la prestación o servicio que recibe, sin temor a represalia alguna, y a exigir una repuesta documentada a su reclamo.
c) Facturaciones ajustadas a tarifas justas y razonables sin incluir ningún otro ítems extraño y abusivo (salvo troquelado) ni extravagancia ajena a la estricta relación de consumo protagonizada exclusiva y excluyentemente por: “prestador y usuario”, ello dado que la tarifa es administrativa y definitivamente, “la regulación del precio de cada servicio público”, especialmente en aquellos denominados esenciales o verdaderos derechos humanos como el acceso al agua potable.
d) Etcéteras.

Dicho lo cual, lamentablemente entre nosotros, se verifica una y otra vez en materia de servicios públicos, que la inejecutoriedad de la Constitución y de la ley, cuestiona hasta derogar de hecho su propia eficacia.

Ello explica y predice la grave indefensión de los usuarios y la languidez e inermidad de los entes o agencias reguladoras para servicios públicos, siempre por un descarado bastardeo político partidario con la cooptación especulativa y corrupta de los mismos.

Los apagones y cortes en el suministro de energía eléctrica o agua potable, crecen en recurrencia, frecuencia e impunidad. En efecto, baste consultar por caso: “En alerta por posibles cortes de luz y de agua, el Gobierno …https://www.lanacion.com.ar › Política//10 ene 2022 — La Jefatura de Gabinete lanzó una campaña para evitar el derroche; amenazan con nuevas multas a las empresas eléctricas; el gobierno porteño …”; o, vg., en la provincia de Córdoba: “Múltiples cortes de energía y problemas con el … – La Vozhttps://www.lavoz.com.ar › ciudadanos › multiples-cort… Entre los cortes de luz, el más significativo ocurrió en la madrugada del viernes cuando gran parte de la ciudad de La Calera y una veintena de … Barrios de Córdoba sufren cortes de luz y agua en plena …https://viapais.com.ar › … › Cortes de luz — Epec y los cortes de luz. Alrededor de las 20, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba informó que los Villa El Libertador, Los Olmos Sud, …” (14/01/22)

Concretamente en nuestro caso, el ENRE es un organismo regulador cooptado y/o intervenido políticamente por el gobierno de turno. Ello explica y predice que las tarifas no sean justas ni razonables (vg., 24.076 a nivel nacional, la ley provincial 8835 (CARTA del CIUDADANO) en el caso de la de Córdoba), que las facturaciones resulten externalidades tan negativas como confiscatorias y escandalosas por demasiados abusos y excusas en el valor agregado de distribución (VAD) u omisiones por “fallos de mercado” en los servicios; todo según los plexos contractuales de los contratos, permisos o licencias de concesiones pertinentemente vigentes.

Precisamente conforme a esto último, es flagrante el incumpliendo de los deberes de funcionario público por parte de los directores e interventores de los entes regulatorios cuando, vg., no se exigen enérgica y oportunamente las inversiones y planes de contingencias apropiados, atendiendo especial y obviamente a las más que evidentes y elementales tendencias demográficas y ecológicas, evidencias actuales anticipadas hace décadas académica y científicamente.

Adicional y nefastamente, cuando tardía y burocráticamente se despachan alguna sanción regulatoria, la misma no contempla el principio liminar «pro-usuario», siempre es tardía, ridícula, denigrante e insuficiente tanto por los intereses y derechos humanos en juego cuanto por la galopante inflación que cruel e imparablemente nos aflige.

Aún así tampoco se destinan a los damnificados en general ni a los singulares en particular, vg., los casos hirientes de tantísimas personas enfermas, electro e insulino dependientes, discapacitados, minusválidos y tal que habitan pisos altos o bajos de edificios u construcción semejante; pequeños comerciantes como carniceros, vendedores de productos lácteos, farmacéuticos, quiosqueros o titulares de otra actividad sujeta o subordinada a cadenas eléctricas de frio; usuarios todos esos que de ninguna manera pueden acceder a generadores eléctricos alternativos.

A todo esto, qué añadir sobre el resarcimiento por daño moral, daños y perjuicios (Vg., artefactos eléctricos dañados, mercadería o medicamentos que perdieron su cadena de frío), lucros cesantes, etc.

Finalmente, para cada usuario argentino el sector eléctrico como el del agua potable están quebrados, vetustos e impotentes, expuestos a toda imprevisibilidad y en manos de ineptos e irresponsables políticos de turno, titulares de toda orfandad en términos de digna y satisfactoria capacidad regulatoria de respuesta oportuna a cada damnificado por un irregular servicio público esencial. Todo contrario a lo constitucional y legalmente garantizado.

A propósito del ENRE, es momento de recordarle que el sol, los servicios públicos y la pobreza energética nacional, no se toman vacaciones.

(*) Roberto Fermín Bertossi – Experto CoNEAU/Cooperativismo