Las mujeres fueron imputadas por el delito de estafa y se les atribuye haber llevado adelante una maniobra fraudulenta entre agosto y septiembre de 2024, con la que causaron un perjuicio patrimonial a un joven con discapacidad intelectual.

Según la acusación fiscal, una de las imputadas inició una práctica docente en un Establecimiento Educativo Especial de El Bolsón, donde conoció a la víctima. A partir de allí, estableció un vínculo de confianza con el joven, al que invitaba regularmente a su vivienda, donde también residía su pareja, la otra imputada.

Mediante un relato engañoso en el que le aseguraban que el entorno institucional que lo acompañaba —la escuela y el hogar donde residía— se aprovechaba de su pensión, lograron que el joven se independizara y alquilara un departamento por cuenta propia.

Para ello, lo persuadieron de transferir sus ahorros desde su cuenta bancaria personal a una cuenta de Mercado Pago a nombre de una de las mujeres imputadas, con el argumento de comprar muebles y solventar gastos.

El 7 de septiembre de 2024, la víctima transfirió una suma de dinero desde su cuenta a la de una de las acusadas. Al joven, luego de que abandonara el departamento por no poder sostener su autonomía, se le restituyó solo una parte del dinero.

La denuncia fue presentada el 7 de octubre de 2024 por una referente institucional. La investigación cuenta con documentación bancaria, audios, testimonios, informes técnicos y entrevistas que respaldan la acusación.

La defensa pública penal quien asistió a las mujeres no planteó objeciones a la formulación de cargos. «No hay un ardid ni un engaño premeditado para perjudicar al joven ni aprovecharse de su patrimonio. Vamos a utilizar los cuatro meses para demostrar una teoría del caso diferente». Aclaró la defensora, que no obstante ello, se va a trabajar en una salida alternativa este conflicto.

El Juez interviniente tuvo por formulados los cargos por el delito de estafa, en calidad de coautoras, conforme a los artículos 172 y 45 del Código Penal. Impuso medidas de coerción a ambas imputadas. Se les prohibió acercarse a menos de 200 metros del joven y de dos testigos claves, así como mantener cualquier tipo de contacto por cualquier medio hasta el 29 de septiembre de 2025. También deberán informar cambios de domicilio o teléfonos y comparecer a futuras audiencias.