Una joven de 22 años que estudia el Profesorado de Matemática en la Universidad Nacional del Comahue. Tiene una discapacidad y asiste de forma regular a tratamientos médicos. A pesar de las dificultades, cursa su carrera con esfuerzo y dedicación.

Vive con su madre, en condiciones económicas ajustadas, y no puede trabajar. El Poder Judicial resolvió que su padre deberá aportar una cuota alimentaria para cubrir parte de sus necesidades. El tribunal que revisó la sentencia confirmó la decisión.

En su presentación, la joven que vive en Cipolletti explicó que no puede acceder a un trabajo que le permita mantenerse por sus propios medios. Indicó que debe asistir varias veces por semana a consultas médicas y sesiones terapéuticas, además de cursar materias universitarias, rendir exámenes y realizar trabajos prácticos.

Explicó también que todos sus gastos —incluidos los traslados, los medicamentos, los materiales de estudio, la alimentación y la vestimenta— son afrontados por su madre, quien trabaja de forma informal en tareas de costura y vive con ingresos mínimos.

El padre negó los hechos expuestos, cuestionó los gastos denunciados y sostuvo que su hija podría trabajar o solicitar un beneficio previsional. También impugnó los documentos presentados por la joven y solicitó la citación de la madre al proceso. El expediente reunió múltiples informes médicos, académicos y sociales, además de testimonios y documentación que permitió reconstruir la situación familiar, económica y de salud.

El fallo de primera instancia consideró que la joven demostró cumplir con los requisitos previstos en el artículo 663 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que los progenitores deben continuar prestando alimentos hasta los 25 años cuando los hijos cursan estudios o formación profesional y no pueden sostenerse de forma independiente.

La jueza destacó que la estudiante se encuentra en una etapa avanzada de la carrera, con numerosas materias aprobadas, y que su tiempo está mayormente ocupado en actividades académicas y tratamientos médicos. También quedó acreditado que vive en un contexto de vulnerabilidad. Un informe social incorporado a la causa señaló que la universitaria y su madre enfrentan serias dificultades económicas y que los cuidados durante la infancia y adolescencia fueron asumidos de forma exclusiva por la progenitora.

A su vez, el expediente reveló que el padre cambió de empleo en varias oportunidades sin informar a su hija, lo que interrumpió en más de una ocasión su cobertura médica. La sentencia fijó una cuota alimentaria equivalente al 25 por ciento de los ingresos del padre, incluidos todos los conceptos salariales, con excepción de los descuentos de ley, viáticos y viandas. También estableció que, en caso de no estar registrado formalmente, deberá abonar el 45 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.

El padre apeló la decisión. Argumentó que su hija no acreditó impedimentos reales para trabajar y cuestionó la negativa del juzgado a ordenar una pericia médica. También insistió en que la percepción de una pensión por discapacidad y una beca de estudio bastaban para cubrir sus necesidades. El tribunal que revisó las actuaciones descartó estos planteos y confirmó la resolución.

Los jueces valoraron el trayecto académico, la frecuencia de las terapias, la condición médica y la dificultad concreta para insertarse en el mercado laboral. También tomaron en cuenta los gastos inevitables que conlleva la vida universitaria y el hecho de que la joven reside con su madre, en un departamento pequeño, sostenido con ingresos mínimos. Consideraron además que la pensión no sustituye el deber legal del progenitor y que los beneficios sociales no suplen el derecho alimentario.

El fallo señaló que debía aplicarse una mirada que tenga en cuenta la discapacidad, la condición de mujer y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la estudiante. Con esos fundamentos, el tribunal rechazó el recurso de apelación, confirmó la cuota fijada y mantuvo las costas del proceso a cargo del padre.