La medida prohibe a condenados acceder a cargos políticos y alcanza a un lote de delitos contra la administración pública, contra el orden económico y financiero, contra las personas cuando el resultado sea la muerte, contra la integridad sexual, contra el estado civil, contra la libertad, contra la propiedad y contra los poderes públicos y el orden constitucional, entre otros.

La Legislatura de Jujuy aprobó ayer un proyecto de ley de “Ficha Limpia” que modifica sendos artículos del Código Electoral local y de la norma orgánica de partidos políticos para fijar que «quienes tengan una condena en segunda instancia no podrán ser candidatos a cargos electivos provinciales o municipales mientras dure la pena o su eventual revocación».

De esta manera, la provincia norteña se convirtió en el cuarto distrito en adoptar el mecanismo, tras las sanciones de rigor activadas ya en Mendoza, Chubut y Salta. El proyecto fue impulsado por la diputada provincial Cinthya Alvarado, miembro -desde un partido provincial- del Frente Cambia Jujuy que lidera el radical Gerardo Morales.

“Con la aprobación del proyecto de Ficha Limpia en Jujuy seguimos implementando acciones concretas que mejoran la calidad democrática y que son adecuadas para impulsar la transparencia en la Argentina”, señaló el mandatario, actual presidente de la UCR nacional y aspirante a dar batalla por el sillón presidencial en 2023.

Morales además agradeció a los legisladores “por su trabajo y por su compromiso democrático”.

En su artículo 1, el retoque sancionado ayer agrega a los requisitos para las próximas postulaciones que “no podrán ser candidatos a cargos electivos municipales y provinciales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras duren la condena o su eventual revocación”.

La medida alcanza a un lote de delitos contra la administración pública, contra el orden económico y financiero, contra las personas cuando el resultado sea la muerte, contra la integridad sexual, contra el estado civil, contra la libertad, contra la propiedad y contra los poderes públicos y el orden constitucional, entre otros.

“No es una inhabilidad permanente ni se establece como pena accesoria, sino más bien es una medida de tipo precautoria para buscar cuidar a la sociedad”, dijo la diputada radical Gabriela Burgos, cuya bancada presentó el proyecto. La verdad es que de una vez por todas hay que premiar al honesto del que no, aún equivocado  o errado involuntariamente en su conducta.-