Nota de opinión de Dan Siluk (*): En un fallo de 6 votos contra 3 esta mañana, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el uso que el presidente Trump hizo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer amplios aranceles “recíprocos” y gravámenes específicos por país, al determinar que la normativa no autoriza al presidente a aplicar aranceles de esta magnitud ni duración.

La decisión invalida el uso más ambicioso de poderes de emergencia por parte de la administración para redefinir el comercio global y representa el revés legal más significativo para la agenda económica de Trump en su segundo mandato.

El tribunal sostuvo que, si bien la IEEPA permite al presidente “regular” las importaciones en respuesta a una emergencia, no habilita la imposición unilateral de aranceles generalizados. El presidente de la Corte, John Roberts, subrayó que conceder esa facultad implicaría una “expansión transformadora” del poder ejecutivo, especialmente considerando que ningún presidente anterior había invocado la IEEPA para imponer aranceles en casi 50 años de vigencia de la ley.

Implicancias fiscales y comerciales inmediatas

El fallo pone en duda decenas, e incluso potencialmente cientos, de miles de millones de dólares en derechos de aduana recaudados desde la introducción de estos aranceles. Aunque la opinión mayoritaria no se pronuncia sobre eventuales devoluciones, es probable que tribunales inferiores deban determinar si los importadores tienen derecho a reembolsos. Estimaciones de medios y analistas sugieren que los montos podrían ser significativos, lo que implicaría un impacto fiscal extraordinario relevante en 2026 si finalmente se ordenan devoluciones.

Desde el punto de vista comercial, la decisión limita de forma contundente la capacidad del presidente de utilizar leyes de emergencia como herramienta de presión para negociar acuerdos bilaterales o imponer aranceles discriminatorios entre socios comerciales. Los aranceles sectoriales aplicados bajo otras normas, como las medidas por seguridad nacional de la Sección 232 sobre el acero y el aluminio, no se ven afectados, pero la era de aumentos arancelarios rápidos y generalizados ahora enfrenta obstáculos legales mucho más altos.

¿Qué viene ahora?

El giro más probable en el corto plazo es hacia otras herramientas legales en materia comercial, en particular la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles temporales y no discriminatorios para abordar problemas de balanza de pagos, aunque limita tanto su nivel como su duración. Otras alternativas, como las Secciones 201 y 301, o un mayor uso de la Sección 232, requerirían investigaciones prolongadas, lo que restringiría la capacidad del gobierno de actuar con rapidez o de manera imprevisible.

Implicancias para los mercados

Para los mercados, el fallo reduce moderadamente la incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos, al limitar la capacidad del presidente de imponer aranceles de forma abrupta mediante decisiones ejecutivas. Esto debería ser levemente positivo para el apetito global por el riesgo y para los sectores más expuestos al comercio internacional, aunque no implica un giro completo hacia el libre comercio.

Sin embargo, en el mercado de tasas aparece un posible efecto en sentido contrario. Si los tribunales finalmente obligan al Tesoro a devolver una parte significativa de los ingresos obtenidos por estos aranceles, el déficit resultante debería financiarse mediante una mayor emisión de deuda.

En el margen, esto incrementa el riesgo de una mayor presión alcista sobre los rendimientos de los bonos de largo plazo, especialmente si esa emisión coincide con necesidades de financiamiento ya elevadas y con la continuidad del ajuste cuantitativo (QT). En ese sentido, el fallo podría reducir los riesgos extremos vinculados a la política comercial, pero al mismo tiempo reforzar las presiones estructurales que empinan la curva de los bonos del Tesoro estadounidense.

En términos más generales, la decisión refleja un giro hacia una política comercial más lenta y condicionada por procesos formales, lo que podría reducir la volatilidad derivada de titulares, pero aumentar la relevancia de los factores fiscales y de oferta en los mercados de renta fija.

(*) Dan Siluk, director de Liquidez Global y gestor de carteras en Janus Henderson.