La junta vecinal de Villa Mascardi presentó ayer, ante la Justicia federal, un pedido de rechazo al acuerdo que funcionarios nacionales y referentes mapuches firmaron en relación al conflicto en el lugar, pero justamente, en una de las dos causas –la denominada “madre o principal”– relacionada con la situación en ese paraje se notificó, que el convenio había sido homologado.

“El acuerdo compromiso mediante el cual se pretende extinguir la acción penal por conciliación es nulo de nulidad absoluta y resulta improcedente a aquellos fines ya que existe un impedimento particular previsto en el Código Procesal Penal Federal, en tanto los delitos atribuidos a los imputados aparecen cometidos con grave violencia sobre las personas”, sentenciaron desde la agrupación vecinal.-

Sostienen que llamativamente no se refieren a: “Disparos de armas de fuego, incendios, arrojamiento de proyectiles y amenazas a los legítimos propietarios por parte de encapuchados, uso de bombas molotov y piedrazos lanzados a funcionarios policiales y judiciales, y a la propia gobernadora Arabela Carreras”.-

Reiteraron que “Tampoco los funcionarios nacionales tienen por sí la potestad de comprometer al Estado nacional en los términos volcados en el acuerdo” es decir se adjudican autoridad y facultades QUE NO TIENEN porque “Este acuerdo insólitamente consiste en una serie de concesiones de la víctima a favor de los imputados y se les ofrece aquello de lo que pretendieron apropiarse mediante el delito, lo que el Instituto de la Conciliación rechaza y aborrece”.-

Añadieron: “Sostener que mediante un acuerdo entre los imputados y la Administración de Parques Nacionales se restablece la armonía entre los protagonistas del ‘conflicto de Villa Mascardi’ es una falsedad o una trampa”.-

“Lejos de perseguir la paz social, con este acuerdo, el Estado nacional está dando carta de inmunidad y cobertura para que los miembros de de la Lafken Winkul Mapu sigan atacando contra nuestra vida e integridad física, tal como resulta de las innumerables denuncias penales que los suscriptos hemos efectuado ante órganos del Poder Judicial nacional o provincial”.