Como el Gobierno considera que nadie puede decirle qué hacer, ni siquiera la justicia adonde nadie deberia recurrir para defenderse, anunció poco después que apelará el fallo de Casanello, al que consideró «un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes» en una interpretación francamente antojadiza producto de quienes no saben qué es la democracia.-

El magistrado hizo un lugar al planteo realizado la semana pasada Juan Grabois, que como adelantó por LPO exigió que se obligue al Ministerio a repartir las cinco millones de toneladas de alimentos guardados, un reclamo al que ayer se sumó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea.

le encomendó al Ministerio que «elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas».

Casanello dispuso librar una orden de presentación para que se detalle «el stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán». Ese informe «deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería».

La existencia de toneladas de alimentos sin distribuir fue denunciada por una investigación periodística (que repudian pues la gente se entera de los errores de los gobernantes) del sitio web El Destape, que a través de un pedido de información pública logró que el Ministerio admitiera el acopio.