La decisión histérica de Javier Milei de sancionar a todas las empresas que participen de la explotación petrolera alrededor de Malvinas, luego de desconocer una Ley de 2011 que podría haber sido utilizada para impedir hace años el desembarco empresario, amenaza con causar problemas en la explotación de Vaca Muerta y la exportación de petróleo por Río Negro.

En el medio de esa escalada diplomática, surgió un dato que hasta el momento había pasado inadvertido: uno de los cuatro contratos comerciales que Navitas firmó para poner en marcha Sea Lion, es con empresa neerlandesa Bluewater Energy Services, dueña del buque Aoka Mizu, la plataforma que dará inicio a la producción de crudo en el yacimiento.

Esta empresa –que nació en 1978 y se especializa en sistemas flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) y sistemas de amarre (SPM) y boyas (CALM) para la industria del petróleo– es la misma compañía que fabricó recientemente las dos monoboyas que utilizará el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), el proyecto de exportación de crudo que impulsa YPF junto con otras seis petroleras en la costa de Río Negro y que promete duplicar las exportaciones de petróleo argentino y comenzará a operar a comienzos del año que viene.

Sea Lion es un yacimiento petrolero offshore ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, que tiene dos operadoras: la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Según tienen previsto la compañías, la extracción de petróleo crudo comenzará alrededor del año 2028.

En VMOS le aseguraron a Infobae que no hay conflicto alguno con el contrato de Bluewater, aunque está claro que ese acuerdo alcanzó un estatus diferente luego de la cadena presidencial del jueves. El Gobierno prometió cambios para endurecer la vigente “ley Pino Solanas”, que prohíbe a cualquier persona física o jurídica desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina —que incluye las aguas alrededor de las islas— sin autorización del Estado. Además, el Canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno ya notificó a 180 empresas. Bluewater podría estar entre los destinatarios de las intimaciones, aunque no figuró en la lista de los primeros 45.

“El proceso de contratación de las monoboyas a Bluewater Energy Services (BES) cumplió con todos los requisitos establecidos por los procedimientos internos de compliance de la compañía y con la normativa nacional vigente. Al momento de la firma del contrato, el 12 de junio de 2025, Bluewater Energy Services (BES) no mantenía relación alguna con empresas vinculadas al proyecto Sea Lion”, dijeron en VMOS.

Lo cierto es que el contrato sufrió demoras por la guerra: la entrega estaba pactada para cuando comenzó el conflicto y su finalización y la entrega de las monoboyas se demoró varias veces. Ese pacto entre VMOS y Bluewater estaba técnicamente vigente cuando esta última firmó un acuerdo por el barco para Sea Lion. O sea, desde ese punto de vista sí hubo “superposición”.

¿Se incumplieron las leyes locales? Parece difícil de determinar en este momento, aunque el cumplimiento efectivo de cualquier sanción sí suena muy relativo. ¿Bluewater debió informarle a VMOS de quien era su nuevo cliente? ¿VMOS debería saber si sus contratados realizan actividades que contrarias a las normas locales?

Si está está claro que, de cara al nuevo esquema que plantea el Gobierno y luego de las advertencias posteriores a la cadena nacional, será mucho más complicado para Bluewater volver a firmar contratos con empresas locales o que hagan negocios en el país. (ADN y propia)