La acusación está vinculada con una agresión ocurrida en Bariloche, que habría sido ejecutada por cuatro personas por indicación de la imputada. La víctima permanece internada debido a las lesiones sufridas. La investigación se extenderá hasta el 11 de febrero de 2027 y, durante ese período, regirán medidas cautelares para protegerla, resguardar a sus familiares y evitar posibles intimidaciones a quienes declararon en el legajo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 6 de septiembre, entre las 4 y las 5, en la vía pública. Según la acusación, cuatro personas habrían interceptado y atacado al hombre, quien recibió golpes y heridas en distintas partes del cuerpo, entre ellas una lesión en el abdomen provocada con un arma blanca. Luego fue trasladado al hospital, donde continúa internado y aún no pudo prestar declaración.

El fiscal del caso Facundo D’Apice y la fiscal adjunta María José Jalil señalaron que la imputada habría impulsado el ataque en el marco de un conflicto previo con la víctima. Tanto la calificación legal como el grado de participación atribuido son provisorios y podrán modificarse conforme avance la investigación.

Como sustento de la acusación, la Fiscalía mencionó registros de cámaras de seguridad de viviendas y comercios cercanos, además de las declaraciones de personas que presenciaron distintos momentos de la secuencia o estuvieron con la víctima antes del ataque. También se realizaron allanamientos, se secuestraron teléfonos celulares y se dispusieron peritajes sobre esos dispositivos. El testimonio del hombre internado será incorporado cuando su estado de salud lo permita.

Durante la audiencia, la imputada prestó declaración y negó haber intervenido en el hecho. El defensor penal adjunto Nahuel Benac no se opuso formalmente a la formulación de cargos ni al plazo solicitado.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Pablo Laurence consideró que en esta etapa inicial existen elementos suficientes para habilitar la investigación. Además, ordenó a la imputada mantener una distancia mínima de 200 metros respecto de la víctima, sus familiares y las personas que declararon en la causa. También le prohibió contactarlas por cualquier medio, de manera directa o a través de terceros, hasta la finalización del plazo establecido.

Finalmente, autorizó la apertura y el análisis del teléfono secuestrado, circunscriptos al período cercano a la comisión del hecho.