Es para todos los delitos, una iniciativa que se enmarca en el concepto de que “La búsqueda de la verdad debe ser la premisa y el norte” y proponen así que el registro de condenados por delitos contra la integridad sexual y el registro de identificación genética de abusadores sexuales sea utilizado en el esclarecimiento de todo tipo delitos. Hace unos días el Congreso de la Nación dio media sanción a una norma en el mismo sentido.

La ley rionegrina N° 5115 del año 2016, se adecuó a la ley nacional nº 26879, creando el Registro Nacional de Datos Genéticos (ReProCoIns) y el Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales (RePrIGAS). El objeto fue proteger a la población de los condenados y liberados por delitos contra la integridad sexual.

En el ReProCoIns (Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual) se consignan huellas dactilares, grupo sanguíneo de los condenados por delitos contra la integridad sexual, complementadas por fotografías y registros de ADN, y por otro lado, en el Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales (RePrIGAS) se almacena y sistematiza la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que es obtenida de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos contra la integridad sexual.

En este marco, Pica y López manifestaron: “Lo que pretendemos con esta modificación es ampliar el accionar de la justicia e ir más allá de los delitos contra la integridad sexual. La búsqueda de la verdad debe ser la premisa y el norte”.

Con la creación de este tercer registro, denominado Registro Provincial de Huellas Genéticas, que funciona sobre la base de la huella genética obtenida de un análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN), es posible facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal, con el propósito de individualizar a las personas responsables de la comisión de cualquiera de los delitos tipificados por el Código Penal de la Nación.

En una proyección legislativa de la ley 8.611 de la Provincia de Mendoza, que lo ha implementado desde 2013 y de este modo ha sido faro para la reciente modificación, con media sanción, de la ley nacional nº 26879 impulsada en la Cámara de Diputados, es que pretendemos con esta iniciativa tener una base de datos de identificación genética criminal moderna que incluya en sus sistemas a todos los que son imputados y condenados por delitos; que, además, permita comparar efectivamente las huellas genéticas halladas en la escena de un crimen con todos aquellos que son investigados por la justicia penal e incluso investigar todos aquellos casos de personas desaparecidas o extraviadas.